Juicio histórico: el Supremo sienta en el banquillo al fiscal general del Estado
García Ortiz se enfrenta a juicio con una fianza de 150.000 euros, acusado de filtrar un informe fiscal sobre la pareja de Ayuso
El Tribunal Supremo ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. Es la primera vez en la historia democrática de España que un fiscal general se sienta en el banquillo de los acusados.
El auto, firmado por el magistrado Ángel Hurtado, llega tras resolverse todos los recursos y presentarse los escritos de acusación, incluido el del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que ejerce la acusación particular.
El juez impone a García Ortiz una fianza de 150.000 euros para asegurar posibles responsabilidades pecuniarias, pero rechaza suspenderle cautelarmente de sus funciones, como había solicitado la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Los hechos
El caso se remonta al 14 de marzo de 2024, cuando la Fiscalía General del Estado publicó una nota de prensa que incluía contenido confidencial de un correo electrónico entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso. Dicha información, según el juez, fue enviada a Moncloa, concretamente a Pilar Sánchez Acera, asesora del Gobierno y actual número dos del PSOE madrileño, antes de que el contenido fuera público.
Según el auto, la filtración fue ordenada directamente por García Ortiz, con el propósito de atacar políticamente a Ayuso, vulnerando la confidencialidad propia del proceso penal y afectando a la reputación de un ciudadano sin su consentimiento.
El juez defiende la legalidad del procedimiento
Hurtado argumenta que la divulgación del correo vulneró los principios de reserva y discreción, esenciales en una investigación penal. La información afectaba a datos personales sensibles y su difusión carecía de autorización del afectado. Cita que su publicación "bien pudiera haber perjudicado su reputación", lo que constituye, en términos jurídicos, una revelación indebida de secretos.
El Supremo no le suspende, pero remite a Inspección
Pese a la gravedad de los hechos, el magistrado remite la decisión final sobre la posible suspensión administrativa a la Inspección Fiscal de la propia Fiscalía General. Recuerda que el procedimiento para suspender cautelarmente a un fiscal es de naturaleza administrativa, no judicial.
Juicio previsto para noviembre
Fuentes jurídicas apuntan que García Ortiz podría ser juzgado en noviembre, ante un tribunal presidido por Andrés Martínez Arrieta, y compuesto por Manuel Marchena, Ana Ferrer, Antonio del Moral, Carmen Lamela, Susana Polo y Juan Ramón Berdugo.
Acusaciones y contexto político
La acusación particular solicita hasta 6 años de prisión, mientras que la Fiscalía pide el archivo del caso. El Gobierno, por su parte, ha reiterado su apoyo al fiscal general y defiende su "inocencia", manteniendo el pulso con el Supremo.