El Tribunal Supremo ha solicitado a la Fiscalía que se pronuncie sobre si debe investigar al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el marco del caso Dina sobre el presunto robo del móvil a una exasesora del partido.

Un día después de recibir el escrito del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, donde pedía investigar a Iglesias, la Sala de lo Penal del Supremo ha dado traslado a la Fiscalía para que informe sobre la competencia y el contenido de esta exposición razonada.

García Castellón se dirigió al Supremo dada la condición de aforado de Iglesias y pidió que se le investigase por los presuntos delitos de descubrimiento o revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación delito.

Una vez que la Fiscalía emita su informe, cinco magistrados estudiarán si abren causa contra el vicepresidente, que ha descartado dimitir y ha considerado "imposible" e "inconcebible" que el Supremo acepte la petición del juez.

El magistrado del Supremo Andrés Palomo será el ponente de la resolución que establecerá si el alto tribunal investiga a Iglesias. Junto a él están en la sala de admisión el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Ana Ferrer y Eduardo de Porres.

El juez del caso Villarejo considera que Iglesias usó de forma fraudulenta el procedimiento judicial donde se investigaba el presunto robo de la tarjeta de móvil de Dina Bousselham, exasesora del partido, para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral ante los comicios de abril de 2019.

En su escrito, califica de "consciente y planificada" su "actuación falsaria" y le acusa de fingir "ante la opinión pública y ante su electorado, haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente, pocas semanas antes de unas elecciones generales".

Según su tesis, bajo las instrucciones de Iglesias, y con el beneplácito de la dirección de la asesoría jurídica de Podemos, presentaron la desaparición del teléfono de Dina "como un encargo realizado por el Gobierno del PP al excomisario Villarejo, para publicar en el digital "OK Diario", en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos".

El juez indica que Iglesias recibió la tarjeta en enero de 2016 del presidente del Grupo Zeta Antonio Asensio, comprobó que tenía archivos de carácter muy íntimo y, "pese a ello", la guardó durante un tiempo "sin decírselo a su propietaria". Cuando se la devolvió, señaló, ésta ya estaba "inservible para su funcionamiento".

La exposición razonada también incluye a la vicepresidenta cuarta del Congreso, Gloria Elizo; a los letrados de Podemos Marta Flor Nuñez y Rául Carballedo; a Dina Bouselhan y a su pareja Ricardo Dasaferreira, estos dos últimos por falso testimonio.

En caso de que el Supremo decida abrir una investigación se nombraría un instructor, distinto de los magistrados de la sala de admisión. Sería entonces cuando se contemplaría la citación de Iglesias, previo suplicatorio del Congreso, si bien suele darse la opción de que pueda acudir voluntariamente a prestar declaración.

Iglesias discrepa del juez y dice que el robo a Dina buscó dañar a Podemos

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha sostenido este jueves que todos saben, y también el PP, que el Supremo no le imputará y ha defendido que el robo del móvil a Dina sirvió para "intentar perjudicar" a Podemos en un contexto de negociación con el PSOE.

Después de que el juez le acusase ayer de construir un relato ante su electorado en el que aparecía como "víctima de una persecución política" para intentar lograr ventaja en los comicios de abril de 2019, Iglesias ha dicho en el Senado que son "hechos probados" que el contenido del móvil de Dina sirvió para tratar de perjudicar a Podemos.

"Eso no lo discute nadie", ha dicho Iglesias en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad, un día después de que el juez del caso Villarejo haya pedido al Tribunal Supremo su imputación, una situación que ha eclipsado su comparecencia y que ha llevado al PP a decir que ya debería haber dimitido.

El vicepresidente segundo ha asegurado que el PP ya sabe lo que le dijo la Audiencia al juez, en referencia a que le devolvió la condición de "perjudicado" en el caso, y ha aventurado que por ello conocen también "lo que va a decir el Supremo".

"Cuando el Supremo se pronuncie, se callarán y esperarán a que llegue el siguiente escándalo", ha pronosticado Iglesias después de que el PP le haya pedido la dimisión.

"Creíamos que tendría un poco de decencia política y que ya habría dimitido", le había espetado la senadora Violante Tomás, que ha alertado de la "incoherencia" que supone "verle ahora aferrado al sillón de vicepresidente ante una imputación tan grave".

En una comisión en la que no está representada Vox, solo la senadora del PP ha arremetido con fuerza contra Iglesias y le ha acusado de refugiarse en su condición de aforado, cuando en su programa -ha recordado- pedía acabar con los aforamientos.

"Pero ya si eso en otra legislatura. En esta vamos a dejarlo, ¿no?", le ha preguntado la senadora Tomás al líder de Podemos, que considera que "por asuntos menos graves" ha pedido Iglesias la dimisión de políticos del PP.

Tomás ha puesto el acento en la decisión del juez de incluir un "agravante de género" en el delito informático y se ha preguntado "dónde están las feministas" de su partido y las del PSOE. "Usted venía a la política para regenerarla y se ha quedado en las cloacas", ha zanjado.

Hasta tal punto era inevitable que la situación de Iglesias centrase el debate que la presidenta de la Comisión, la socialista Teresa Fernández Molina, había pedido a los senadores que, al margen de las consideraciones políticas sobre ese asunto, no olvidasen la temática de la Comisión y recordasen que deben su trabajo a la mejora de la situación de las personas con discapacidad.

Pero en la primera intervención no han entrado al tema ni el PSOE, ni Ciudadanos, ni el PNV, ni tampoco ERC o EH Bildu, cuyos senadores han hecho saber al vicepresidente segundo que querían poner el acento en las políticas de la discapacidad. "Se lo merecen casi cuatro millones de personas con discapacidad", ha justificado por ejemplo el parlamentario de Cs Tomás Marcos.

Ya en el segundo turno, tras escuchar la intervención del vicepresidente segundo, Marco le ha pedido que "dé un paso atrás y dimita" por "transparencia, regeneración y calidad democrática".

Le ha comentado también que "no vale esconderse en el escaño o en que hay una persecución de ideas", al tiempo que ha recordado que en 2014 Podemos ya arremetía contra el aforamiento por ser un "privilegio decimonónico".

El senador de UPN Alberto Catalán también ha preguntado al vicepresidente qué hubiese pedido él si estuviese en su situación un político de otro partido y le ha avisado de que, si el Supremo le imputa, no le quedará más remedio que dimitir, con lo que le ha animado a ir un paso por delante de su "cese".

En alusión al argumentario de Podemos de cuestionar la acción de la Justicia y enmarcarla en una supuesta "persecución" al partido, la senadora María Teresa Rivero, de JxCat, ha llamado la atención sobre que ellos no defendían lo mismo cuando la Justicia actuaba contra los políticos catalanes.

"Nosotros respetamos la presunción de inocencia, pero queremos darle la bienvenida al club de los señalados. Lo que era en Cataluña equidistancia se ha convertido en indignación", le ha dicho la senadora de JxCat, que ha añadido que la Justicia está "politizada" y que la Corona "no es neutral".

Un argumento similar al expuesto por el senador de Geroa Bai, Joseba Martínez, que, además de desearle "suerte" en lo profesional y lo personal a Iglesias, ha alertado de que "la desconfianza social con respecto a los tribunales de Justicia es cada vez mayor".