El Supremo exige a Transportes esclarecer los pagos en dietas a Ábalos que suman más de 500.000 euros
La Sala busca trazar la ruta de los fondos que el exministro percibió durante los años 2018 y 2019 como rentas exentas | La UCO señala que no aparecen reflejados en sus cuentas personales
En un movimiento que refleja la creciente complejidad del caso judicial que rodea al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, el magistrado Leopoldo Puente, instructor de la causa abierta en el Tribunal Supremo, ha requerido al Ministerio de Transportes —según informa en exclusiva THE OBJECTIVE— que certifique en el plazo de 15 días los pagos realizados al exministro por valor de más de medio millón de euros durante los ejercicios fiscales de 2018 y 2019.
La solicitud, instada a partir de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pone el foco sobre conceptos retribuidos bajo la figura de "rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen", cuyo rastro, de acuerdo al auto judicial revelado por el citado medio, no se encuentra en las cuentas bancarias identificadas como pertenecientes a Ábalos.
Una trazabilidad opaca: el inicio de una línea fiscal de investigación
El magistrado Puente ha sido claro: estos ingresos, 156.440 euros en 2018 y 351.992 euros en 2019, no figuran de forma verificable en las cuentas declaradas ante Hacienda ni aparecen reflejados en CaixaBank, entidad financiera que ha sido central en la pesquisa financiera abierta contra el exministro.
La finalidad de este requerimiento es —según expone THE OBJECTIVE— verificar si tales pagos corresponden a una remuneración reglada o si, por el contrario, encubren formas de percepción irregular de fondos públicos, con posibles vínculos a las tramas de contratación pública bajo investigación.
Una defensa fallida y un auto contundente
José Luis Ábalos ha intentado, sin éxito, limitar el alcance de esta línea de investigación alegando que se está ejecutando una "indagación prospectiva" sobre aspectos no relacionados directamente con el caso de las mascarillas, epicentro original del sumario.
El Supremo ha rechazado tajantemente esta línea argumental. Según recoge THE OBJECTIVE, la Sala ha dejado escrito:
«Nada de lo que aquí se investiga concierne (…) a hechos ajenos a la referida imputación (…) ni constituye una suerte de prospección o inquisición general».
El mensaje es nítido: la investigación de las dietas forma parte sustancial del análisis de posibles enriquecimientos ilícitos, no de una extralimitación investigativa.
Las sombras de los viajes y las cifras sin cuadrar
A este procedimiento se suma la ya conocida serie de viajes oficiales realizados por Ábalos acompañado de su expareja Jésica Rodríguez, parte de los cuales —13 según Transportes— carecen de trazabilidad contable completa, lo que eleva el nivel de escrutinio sobre los gastos personales enmascarados como desplazamientos institucionales.
Rodríguez, según su declaración ante el juez Puente, participó en al menos 15 a 20 viajes oficiales, incluyendo Londres, Moscú y Abu Dabi, sin que conste en todos ellos el correspondiente gasto individualizado.
Una figura política bajo asedio judicial
La investigación, descrita por fuentes del entorno judicial consultadas por THE OBJECTIVE como «una de las más extensas sobre un exministro en democracia reciente», afecta tanto al pasado político como al presente institucional del ex secretario de Organización del PSOE, quien sigue siendo diputado, ahora en el Grupo Mixto.
De confirmarse que estas dietas no fueron percibidas legalmente o que encubren otras contraprestaciones no declaradas, la causa contra Ábalos podría ampliarse desde el ámbito administrativo al estrictamente penal por presunto delito de malversación o enriquecimiento injusto.
Más allá del monto en disputa, la solicitud del Supremo refleja algo más profundo: una grieta institucional en el relato de transparencia administrativa del anterior Ejecutivo. Que un ministro reciba medio millón en dietas sin constancia documental no es sólo una anomalía contable, sino un síntoma de una cultura política que necesita urgentemente revisar sus estándares éticos.
El caso, aún en fase de instrucción, ya anticipa su dimensión simbólica: no se trata sólo de dietas, sino de credibilidad. Y en este tablero, el crédito político es tan volátil como el dinero sin trazabilidad.