El Supremo asesta un nuevo golpe al ex fiscal general y mantiene su condena
El Tribunal Supremo ha rechazado el intento de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado de anular el juicio contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y mantiene firme la condena que le impuso el pasado mes de diciembre. Con esta decisión, el ya ex responsable del Ministerio Público queda habilitado para acudir en amparo al Tribunal Constitucional, al haber agotado la vía ordinaria.
La Sala Segunda de lo Penal ha desestimado los dos incidentes de nulidad promovidos tras la sentencia dictada el 9 de diciembre, en la que se condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados vinculados al entorno del novio de Isabel Díaz Ayuso. La resolución judicial considera que no concurre ninguna vulneración de derechos fundamentales que justifique la nulidad del fallo, según publica El Debate.
El auto, al que ha tenido acceso este medio, rechaza los argumentos esgrimidos tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado, que actuaba en representación del propio García Ortiz. Ambas partes sostenían que durante el procedimiento se produjeron irregularidades que afectaban a garantías esenciales del proceso y solicitaban dejar sin efecto la condena.
No obstante, la resolución no ha sido unánime. Incluye un voto particular suscrito por las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, quienes discrepan del criterio mayoritario. A su juicio, el ex fiscal general no debió ser condenado en firme, al considerar que existían dudas relevantes sobre la valoración jurídica de los hechos y sobre la solidez de determinadas pruebas.
Durante el juicio celebrado en el Alto Tribunal, la defensa centró buena parte de su estrategia en cuestionar la legalidad de algunas diligencias acordadas por el juez instructor Ángel Herrero. Entre ellas, la entrada y registro en el despacho profesional de García Ortiz en la sede de la Fiscalía General del Estado y la incautación de los dispositivos informáticos de los que disponía en ese momento. Los letrados sostuvieron que dichas actuaciones vulneraron derechos fundamentales y que las pruebas obtenidas debían ser anuladas.
Sin embargo, el Supremo ha descartado ahora esa tesis y considera que el procedimiento se ajustó a derecho, cerrando así la posibilidad de revisar la sentencia en esta vía. De este modo, García Ortiz solo puede ya recurrir ante el Tribunal Constitucional, al que acudirá previsiblemente en las próximas semanas para intentar que se le conceda el amparo y se revise la condena.
La decisión del Alto Tribunal supone un nuevo revés judicial para quien fuera máximo responsable del Ministerio Público y deja en manos del Constitucional la última palabra sobre un caso que ha tenido una notable repercusión política y jurídica.