El Supremo arrincona a García Ortiz y avala la investigación por revelación de secretos

El Tribunal Supremo ha asestado un nuevo golpe a Álvaro García Ortiz al desestimar los intentos del fiscal general del Estado de frenar la investigación que lo señala por un presunto delito de revelación de secretos. La Sala de Apelación ha rechazado varios recursos presentados por el jefe del Ministerio Público y ha dado su respaldo total a las diligencias impulsadas por el magistrado instructor Ángel Hurtado, incluyendo la investigación de los teléfonos móviles usados por García Ortiz.

El auto, subraya que la medida resulta plenamente justificada tras detectar la "ausencia absoluta de mensajes" en el dispositivo incautado durante el registro de su despacho en octubre.

Un caso con ramificaciones políticas

La investigación se origina en la denuncia presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, quien acusa a la Fiscalía de filtrar información reservada sobre su caso. El juez Hurtado solicitó conocer cuántas veces García Ortiz había cambiado de teléfono oficial desde el 30 de junio de 2023 y qué datos existen sobre esos dispositivos. Sin embargo, el fiscal general intentó bloquear la medida alegando su falta de necesidad, un argumento que el Supremo ha desmontado al considerar que existen indicios suficientes de que el terminal intervenido podría no haber sido el mismo que utilizaba el investigado.

"Lo que se pretende averiguar es si ese móvil fue el mismo que se entregó al investigado, porque cabe la posibilidad de que la administración le proporcionara un terminal diferente", recoge el auto judicial. En este sentido, los magistrados recalcan la importancia de determinar si García Ortiz ha empleado otros dispositivos desde los que se pudieran haber realizado comunicaciones de relevancia.

Un fallo que refuerza la instrucción

El Supremo considera que si el teléfono incautado no hubiera sido manipulado, muchas de las diligencias posteriores habrían resultado innecesarias. Por ello, descarta las quejas sobre el alcance temporal de la investigación, que se extiende más allá de la semana clave entre el 8 y el 14 de marzo. Según la Sala, resulta esencial analizar si existieron comunicaciones relevantes en los meses previos para esclarecer el origen de las filtraciones.

Asimismo, el tribunal ha rechazado los argumentos de la defensa de García Ortiz sobre la supuesta falta de motivación en las decisiones del juez instructor. "El requerimiento de información no es sino un desarrollo de las diligencias ya practicadas", destacan los magistrados, quienes concluyen que la resolución impugnada sí permite conocer las razones de fondo de la instrucción.

La Guardia Civil revela nuevos datos clave

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha aportado información determinante al caso. Según su informe, García Ortiz recibió dos teléfonos oficiales desde la fecha investigada y reseteó uno de ellos apenas una semana después de que el Supremo lo señalara como investigado. Hasta la fecha, el fiscal general no ha devuelto ninguno de los terminales.

En otro auto, la Sala de Apelación ha rechazado suspender el análisis del material intervenido en los despachos de García Ortiz y de Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía de Madrid y también investigada. Los jueces advierten que no existe base legal para paralizar estas pesquisas y reprochan a la Abogacía del Estado su intento de impugnarlas sin argumentos sólidos.

La Sala insiste en que las medidas adoptadas por Hurtado cuentan con "sólidos indicios", están debidamente justificadas y se ajustan a los principios de proporcionalidad, necesidad y excepcionalidad. Subrayan, además, que se han tomado precauciones para evitar un acceso indiscriminado a la información y que los intentos de declarar nulas las pruebas carecen de fundamento jurídico.

"La medida era absolutamente necesaria", concluyen los magistrados, cerrando cualquier posibilidad de suspensión y dejando a García Ortiz en una situación cada vez más comprometida.