Sospechas de ventas fraudulentas de bienes del Estado: el foco se estrecha sobre Leire Díez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estrecha el cerco en torno a una nueva rama de presunta corrupción vinculada a altos cargos del PSOE. Según ha podido confirmar THE OBJECTIVE, los investigadores centran su atención en la empresa pública Cofivacasa, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ante la sospecha de que fue utilizada para liquidar o vender de forma irregular activos del Estado.

Durante esta semana, se han realizado más de una veintena de registros, incluyendo organismos clave de los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, Correos y Cofivacasa, con el objetivo de rastrear adjudicaciones sospechosas, subvenciones presuntamente amañadas y operaciones opacas de despatrimonialización pública.

Comisiones, favores y patrimonio inflado: la presunta red de influencias

Según fuentes de la investigación, la trama operaba mediante una red de influencias de alto nivel en el PSOE, ofreciendo a empresas intermediación a cambio de comisiones. La constructora navarra Servinabar se habría utilizado como vía para canalizar los pagos ilícitos. La sociedad estaría estrechamente vinculada al entramado en el que figura Leire Díez, una influyente figura del entorno socialista, ahora detenida.

Junto a ella han sido arrestados Joseba Antxon Alonso, presunto socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, hombre de confianza de la ministra María Jesús Montero. Este último habría seguido manejando hilos tras su salida oficial de la empresa pública en 2019, incluso durante su imputación en el caso Aznalcóllar, del que recientemente resultó absuelto.

Cofivacasa: una empresa pública clave en la liquidación de sociedades del Estado

La actividad de Cofivacasa —controlada en su totalidad por la SEPI— consiste en gestionar la disolución de empresas estatales, incluidos bienes procedentes de incautaciones relacionadas con el narcotráfico, bajo el paraguas del Plan Nacional sobre Drogas.

Desde 2012, también administra sociedades ajenas a la SEPI, como Barcelona Holding Olímpico (Holsa) o entes vinculados al V Centenario del Descubrimiento de América. Su misión oficial es centralizar y agilizar procesos de liquidación, aunque ahora es sospechosa de haber sido empleada para fines irregulares o delictivos.

Patrimonio millonario sin justificar

El foco de los agentes también se dirige hacia el patrimonio personal de Vicente Fernández, cuya fortuna inmobiliaria incluye:
• Un chalé de lujo en Puerta de Hierro (Madrid),
• Dos propiedades en El Aljarafe (Sevilla),
• Tres inmuebles en Marbella,
• Varios garajes y trasteros.

Los investigadores estiman que su patrimonio podría alcanzar los 10 millones de euros, una cifra difícil de justificar en relación con sus ingresos como alto cargo público.

Registros en despachos, empresas públicas y un bar en Sevilla

Entre los lugares registrados por la Guardia Civil esta semana figuran:

• La sede de la SEPI,

• Las oficinas de Enusa, Mercasa y Sepides,

• Las sedes de Forestalia en Zaragoza y Madrid,

• Un despacho de abogados,

• Un bar en Sevilla,

• Un piso en la calle Diego de León (Madrid) donde Leire Díez celebraba reuniones,

• Y las oficinas de Servinabar, ya registrada en junio por orden del Tribunal Supremo.

La operación está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción n.º 6 de la Audiencia Nacional, que coordina las actuaciones con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción. Todos los detenidos pasarán a disposición judicial este sábado.

Una trama con epicentro en la SEPI y tentáculos en varios ministerios

Los indicios apuntan a que la trama mantuvo influencia en organismos clave tras la salida formal de algunos de sus cabecillas, como Vicente Fernández. Su poder en la sombra se habría mantenido activo mediante conexiones políticas y empresariales. La Dirección General de Patrimonio del Estado, la Dirección General de Política Energética y Minas, y el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales figuran también entre los objetivos de la UCO.

Según los investigadores, el grupo habría operado a través de favores, comisiones y adjudicaciones amañadas, aprovechando su ascendencia sobre entornos gubernamentales, especialmente durante el auge del sanchismo.