"Son propias de una analfabeta": Le llueven las críticas a Montero por poner en duda la presunción de inocencia

En menos de una semana, el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido acusado de atacar directamente dos pilares fundamentales del ordenamiento jurídico español: el deber constitucional de presentar Presupuestos y la presunción de inocencia.

Pilar Alegría y la "rebeldía constitucional"

La polémica comenzó con las declaraciones de la ministra portavoz, Pilar Alegría, quien aseguró el pasado martes que no presentarán los Presupuestos Generales del Estado si no cuentan previamente con los apoyos necesarios. Una afirmación que choca frontalmente con el artículo 134.3 de la Constitución, que obliga al Ejecutivo a remitirlos al Congreso "al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior".

Sus palabras, pronunciadas tras el Consejo de Ministros, generaron malestar incluso dentro del propio Gobierno. Fuentes internas apuntan a una reprimenda discreta por parte de Moncloa, al considerar que Alegría había evidenciado la debilidad institucional del Ejecutivo.

Montero: "La presunción de inocencia por detrás del testimonio"

Sin embargo, el punto más álgido de la controversia llegó días después. María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, criticó duramente la absolución del exfutbolista Dani Alves, pronunciada por un tribunal compuesto por tres magistradas y un magistrado, todos ellos con experiencia y sensibilidad en temas de Igualdad.

Durante un mitin del PSOE en Jaén, Montero afirmó:

«Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes valientes que deciden denunciar».

Críticas desde todos los frentes

Las palabras de Montero han sido tildadas de peligrosas y profundamente antidemocráticas por múltiples figuras políticas y legales. Uno de los más contundentes fue Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, quien escribió en redes sociales:

«Estas declaraciones son propias de una analfabeta. El problema para todos nosotros es que esta señora es vicepresidenta del Gobierno».

Albiol añadió que la mezcla de "ignorancia, poder y soberbia" que proyectan las palabras de Montero supone una amenaza para el Estado de derecho.

Juristas y magistrados alertan del peligro

Más allá del debate político, varios juristas han recordado que la presunción de inocencia es un principio esencial de cualquier democracia moderna y que su cuestionamiento desde el Gobierno abre una peligrosa puerta a la inversión de la carga de la prueba, lo que podría afectar gravemente a la protección de los derechos fundamentales.

Una deriva preocupante

El caso Alves ha resultado ser el detonante de un discurso institucional que pone en tela de juicio garantías jurídicas básicas, como si la justicia debiera estar subordinada al clamor mediático o político. En un momento de extrema sensibilidad social respecto a los delitos sexuales, la línea entre la defensa de las víctimas y el respeto al debido proceso no puede borrarse desde el atril político.