Las sombras archivadas de Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, reaparecen tras el apagón
El pasado vuelve a perseguir a Beatriz Corredor tras el gran apagón: un contrato con Crespo Gomar, investigado en su etapa como ministra, reabre el debate sobre su gestión pública
En medio del escrutinio creciente tras el gran apagón eléctrico que dejó a buena parte de España a oscuras el pasado lunes, la figura de Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica de España, vuelve a colocarse en el centro de la atención mediática. No por su gestión actual, sino por un expediente del pasado que fue archivado pero no exento de sombras.
Como recupera El Debate, durante su etapa como ministra de Vivienda (2008–2010), el departamento que lideraba Corredor fue objeto de una investigación judicial por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de publicidad institucional a la consultora Crespo Gomar, firma vinculada a la financiación del PSPV y ya mencionada en otras causas sensibles. El contrato, por valor de 126.208 euros, fue concedido para una campaña de difusión del Plan de Vivienda 2009-2012.
Un contrato con “cronología incoherente”
Según el informe de la Intervención General del Estado, el procedimiento de adjudicación fue tramitado por la vía de urgencia, a pesar de que el propio plan de vivienda no era una iniciativa sobrevenida. La urgencia, más que justificada, parecía —en palabras del informe— fruto de una "imprevisión".
Más aún, no se documentó el nombramiento de la mesa de contratación y se abrió la oferta económica sin contar previamente con los informes técnicos preceptivos, lo que contravenía el propio pliego del contrato. Las fechas son reveladoras: la adjudicación exigía que la ejecución se completara antes del 31 de diciembre de 2008, la mesa resolvió el día 29, la factura se fechó el 30, y la notificación oficial a la empresa se realizó el 8 de enero de 2009, ya fuera del ejercicio fiscal correspondiente.
Investigación judicial y archivo en el Tribunal de Cuentas
El caso fue inicialmente instruido por el Juzgado de Instrucción n.º 21 de Valencia, que se inhibió en favor de los juzgados de Madrid, al tratarse de un contrato adjudicado por un ministerio estatal. Finalmente, el Juzgado de Instrucción n.º 24 de Madrid decidió el archivo de la causa penal, al no apreciar indicios suficientes de delito, y remitió las actuaciones al Tribunal de Cuentas por si procedía valorar alguna responsabilidad contable.
Dicho organismo, en concreto el Departamento Segundo del Tribunal de Cuentas, archivó las actuaciones mediante auto de 20 de febrero de 2020, cerrando así cualquier vía de exigencia contable contra Corredor o su equipo ministerial.
Declaración en el Senado
Durante su comparecencia en la Comisión de Investigación del Senado sobre la financiación de partidos políticos, en mayo de 2018, Corredor defendió la legalidad del procedimiento al asegurar que la competencia para contratos menores (por debajo de los 300.000 euros) estaba delegada en la subsecretaría del Ministerio de Vivienda.
El recuerdo de este episodio reaparece ahora que Corredor enfrenta una creciente presión política tras el apagón masivo del sistema eléctrico, y mientras los partidos de la oposición reclaman su dimisión inmediata como presidenta de Red Eléctrica. Aunque el expediente de contratación en Vivienda fue archivado, el juicio político sobre su idoneidad para el cargo vuelve a estar abierto, especialmente en un momento en que el sistema que dirige está bajo cuestionamiento por fallos de seguridad y respuesta.