La sombra del cártel ferroviario golpea la etapa de Pardo de Vera al frente de ADIF
La adjudicación de un contrato estratégico del AVE vuelve a situar la gestión de ADIF en el centro de la polémica, con empresas investigadas y sancionadas por manipular concursos públicos
La investigación sobre la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, suma nuevos elementos tras conocerse que adjudicó un contrato del AVE por más de 70 millones de euros a una empresa que ya estaba siendo investigada por presunto amaño de concursos públicos.
La adjudicación se produjo en febrero de 2020 y afectó al mantenimiento de instalaciones de control de tráfico y sistemas complementarios en varias líneas de alta velocidad. El contrato, con una duración de 48 meses, fue concedido por un importe cercano a los 69 millones de euros y posteriormente ampliado hasta superar los 70,5 millones, según publica El Debate.
Adjudicación bajo sospecha
En el momento de la adjudicación, la CNMC ya investigaba a las empresas participantes por su presunta integración en un cártel ferroviario dedicado al reparto de contratos públicos. De hecho, el organismo regulador había solicitado información formal a ADIF en noviembre de 2018 dentro de un procedimiento sancionador en curso.
Pese a ese contexto, el concurso siguió adelante. Solo concurrieron dos compañías, ambas posteriormente sancionadas por la CNMC por prácticas colusorias en contratos de infraestructuras ferroviarias.
Uno de los hechos más llamativos del procedimiento fue que una de las ofertas superó el presupuesto de licitación, quedando automáticamente descartada. Este tipo de movimientos fue descrito más tarde por Competencia como parte de una estrategia coordinada para evitar competencia real en precios.
Sanción millonaria y suspensión judicial
En septiembre de 2021, la CNMC impuso multas superiores a 127 millones de euros a varias empresas por manipular al menos 82 licitaciones públicas durante quince años. Además, propuso la prohibición de contratar con la Administración.
Sin embargo, en junio de 2022 la Audiencia Nacional suspendió cautelarmente las sanciones tras aceptar los recursos presentados, sustituyendo las multas por avales bancarios y paralizando la prohibición de contratar.
Ampliación del contrato
En agosto de 2022, el contrato adjudicado inicialmente fue ampliado en más de 1,7 millones de euros, elevando el importe total por encima de los 70 millones. La ampliación se aprobó cuando la sanción de la CNMC ya existía, aunque estuviera suspendida judicialmente.
La causa que afecta a Pardo de Vera en la Audiencia Nacional investiga presuntos delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal. Esta nueva revelación refuerza el foco sobre la gestión de los contratos del AVE durante su etapa al frente de ADIF.