El empresario guipuzcoano Joseba Antxon Alonso, propietario de la empresa Servinabar y socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, aparece también relacionado con la presunta trama de corrupción vinculada a la energética Forestalia.

Según la documentación mercantil y los datos que maneja la Guardia Civil, Alonso rompió su relación empresarial con una sociedad vinculada al entramado apenas días antes de que la Unidad Central Operativa (UCO) iniciara una operación policial contra este presunto caso de corrupción.

El movimiento societario se produjo el 19 de noviembre de 2025, fecha especialmente significativa:
ese mismo día Santos Cerdán abandonaba la prisión de Soto del Real tras su ingreso en el marco de la investigación del caso Koldo.

Ese mismo día, Antxon Alonso vendió la empresa Next Generation Caliope Innova, una sociedad que había adquirido años antes a un abogado estrechamente vinculado al grupo empresarial Forestalia.

La empresa con nombre “Next Generation” en plena llegada de fondos europeos

La empresa Next Generation Caliope Innova fue fundada en abril de 2022, justo cuando la Comisión Europea activaba el desembolso de 12.000 millones de euros en fondos europeos para España, parte de ellos destinados a proyectos de energías renovables.

El nombre de la sociedad llamó la atención de los investigadores, ya que coincide con el programa europeo Next Generation EU, el mayor paquete de financiación comunitaria aprobado tras la pandemia.

Según los registros mercantiles, Antxon Alonso adquirió la empresa en septiembre de 2022 a Roberto Pérez Agüeda, abogado considerado por la Guardia Civil como el presunto testaferro de la trama Forestalia.

Pérez Agüeda operaba desde un despacho de abogados situado en la calle Serrano de Madrid, lugar que posteriormente sería registrado por la Guardia Civil.

Una venta clave antes de los registros de la Guardia Civil

El empresario decidió desprenderse de la sociedad el 19 de noviembre de 2025, vendiéndola a un tercero sin relación conocida con la investigación.

El momento de la operación resultó especialmente relevante.

Solo tres semanas después, el 11 de diciembre de 2025, la UCO de la Guardia Civil registró el despacho de abogados desde el que operaba el presunto testaferro de la trama.

Cuando los agentes realizaron el registro:

• La empresa ya no pertenecía a Antxon Alonso

• La sede social había sido trasladada

• El registro mercantil ya reflejaba la desvinculación

El movimiento permitió desconectar formalmente al empresario del entramado societario investigado.

Empresas con el mismo nombre para canalizar presuntos pagos

Las investigaciones policiales detectaron un patrón llamativo en la red de empresas vinculadas a la trama.

Varias sociedades relacionadas con el entramado utilizaban nombres similares vinculados al término “Caliope”.

Entre ellas aparecen:

• Caliope Smart Energy SL

• Caliope Energy Green SL

Estas empresas habrían sido utilizadas, según la Guardia Civil, como vehículos societarios para canalizar pagos y presuntos sobornos.

Un alto cargo del Ministerio de Teresa Ribera bajo sospecha

El último informe de la Unidad Central Operativa de Medioambiente (Ucoma) identifica a una figura clave dentro de la trama:

Eugenio Domínguez, que ejercía como subdirector de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica durante el mandato de Teresa Ribera.

Los investigadores sospechan que Domínguez habría manipulado declaraciones de impacto ambiental para favorecer macroproyectos eólicos impulsados por Forestalia.

Según la Guardia Civil, el alto cargo habría recibido compensaciones económicas por esas gestiones.

5,2 millones de euros en operaciones relacionadas con renovables

Según el informe policial, Domínguez y su esposa adquirieron dos empresas vinculadas a proyectos de energías renovables.

Posteriormente, Forestalia inyectó 5,2 millones de euros en estas sociedades mediante un crédito.

Estas empresas, nuevamente, también incluían el nombre Caliope, lo que refuerza la hipótesis de los investigadores sobre un entramado societario diseñado para canalizar operaciones financieras relacionadas con la trama.

Propiedades ocultas mediante escrituras privadas

La investigación apunta además a un mecanismo utilizado para ocultar la verdadera propiedad de algunas empresas.

Según los investigadores, la titularidad real de algunas sociedades no aparecía en el registro mercantil, ya que se formalizaba mediante escrituras privadas custodiadas por el presunto testaferro en su despacho.

Este sistema sería similar al utilizado, según la investigación, por Antxon Alonso y Santos Cerdán para ocultar que el dirigente socialista poseía el 45% de la empresa Servinabar.