El socio de Cerdán admite pagos a Koldo por captar obras privadas en Navarra
Antxón Alonso, empresario navarro y dueño de la sociedad Servinabar 2000 S.L., ha declarado este lunes 7 de julio como imputado ante el Tribunal Supremo en el marco del conocido como caso Cerdán. En su comparecencia, ha admitido haber contratado durante nueve meses a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, cuando este aún no había entrado en el Gobierno. Según Alonso, Koldo trabajaba como comisionista para captar obras privadas en Navarra.
El empresario también ha reconocido ante el juez Leopoldo Puente que Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, firmó un contrato privado en el año 2016 por el que adquiría el 45 % de las participaciones de Servinabar, por un importe de 6.000 euros. No obstante, ha asegurado que el acuerdo nunca llegó a ejecutarse y que el documento quedó guardado “en un trastero”. Este contrato fue hallado por la UCO de la Guardia Civil en el domicilio de Alonso durante los registros.
Además, Alonso ha declarado que realizó una donación de 4.500 euros a una fundación vinculada al exministro Ábalos. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado medidas cautelares para Alonso y otros empresarios investigados, entre ellas la retirada de pasaporte y comparecencias quincenales ante la Justicia.
En la misma jornada ha comparecido Fernando Merino, exdirectivo de Acciona, quien ha justificado que la constructora se asociara con Servinabar en uniones temporales de empresas (UTE) para optar a concursos públicos en Navarra, donde era requisito contar con una firma local. Merino ha señalado que la elección de Servinabar respondió a esa exigencia regional.
Según el informe de la UCO, Acciona figura como denominador común en una serie de adjudicaciones públicas que están siendo investigadas. En total, se estudian cinco grandes contratos por valor de más de 537 millones de euros, adjudicados por ADIF —durante la etapa de Isabel Pardo de Vera— y la Dirección General de Carreteras, entonces bajo responsabilidad de Javier Herrero. El informe también recoge que Ábalos habría recibido 550.000 euros vinculados a dos de esos contratos.
Los agentes hallaron fajos de billetes por valor de 16.000 euros en bolsas de plástico en el domicilio de Alonso. El contrato privado entre él y Cerdán, firmado en sus cuatro páginas y con el sello de Servinabar, establecía que el político socialista adquiría 1.350 participaciones sociales.
Cerdán ha declarado que pensó en abandonar la política tras los malos resultados del PSOE en Navarra en 2015 y que el contrato fue una opción ofrecida por Alonso, aunque finalmente lo descartó. Afirmó haber compartido piso con él en Madrid en 2017.
El juez Puente imputó a Alonso, Merino y otros empresarios tras recibir el informe de la UCO, que documenta posibles pagos ilegales para la obtención de contratos públicos a través de intermediarios políticos como Cerdán y Koldo García. El caso sigue instruyéndose en el Tribunal Supremo.