Siete años de sumario oculto: la justicia investiga al exministro Montoro y a su entorno
Según ha revelado el diario Vozpópuli, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha estado siete años bajo investigación secreta en una causa judicial que involucra también a antiguos altos cargos de Hacienda y al despacho Equipo Económico, fundado por el propio Montoro y su hermano Ricardo en 2006.
La investigación, que comenzó en 2018 y que permaneció oculta hasta junio de 2025, se basa en dos denuncias anónimas y ha suscitado un profundo malestar entre penalistas y juristas por el uso extraordinario del secreto de sumario, considerado por muchos como una vulneración del derecho de defensa.
El diario señala que el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona ha imputado a 28 personas por presunto tráfico de influencias, aunque los indicios presentados en el auto judicial son, en palabras de abogados citados por Vozpópuli, "endebles" y se centran principalmente en la facturación de una empleada del despacho que habría gestionado pagos de clientes.
Una causa judicial bajo sospecha: opacidad, secreto y tiempos cuestionados
Lo más llamativo de este caso, como subraya el artículo, es la duración del secreto de sumario: siete años completos. Una duración que los expertos consideran inédita y posiblemente desproporcionada, lo que podría suponer una dilación indebida —una figura reconocida en el Código Penal como atenuante de responsabilidad— y poner en cuestión la validez de todo el procedimiento.
A esto se suma el hecho de que el PSOE se encuentra personado en la causa como acusación popular, lo que, en plena guerra política con el PP y en medio de una sucesión de escándalos de corrupción que salpican al Gobierno de Pedro Sánchez, aviva las sospechas de motivación política en el momento de la desclasificación del sumario.
La fiscal sancionada: el otro gran escándalo del proceso
Otro aspecto clave revelado por Vozpópuli es la actuación de la fiscal del caso, Carmen María García Cerdá, que ha sido sancionada por el Tribunal Supremo con una multa de 1.000 euros por desobediencia.
Según la sentencia, García Cerdá intentó eludir las órdenes de sus superiores en Anticorrupción para practicar una diligencia que había sido rechazada expresamente. Para ello, habría instado a un agente de los Mossos d'Esquadra a solicitar dicha acción judicial como si fuera iniciativa policial, lo que ha sido calificado por la Inspección Fiscal como una "maniobra torticera".
Pese a la oposición de 19 de los 24 fiscales de Anticorrupción reunidos en junta, la fiscal insistió en su propósito, lo que finalmente derivó en la apertura de un expediente disciplinario por vulnerar el principio de dependencia jerárquica del Ministerio Público.
Un momento muy oportuno
La filtración de este caso llega en un momento especialmente convulso, cuando el Partido Popular ha intensificado su ofensiva contra Pedro Sánchez, y los casos de presunta corrupción que afectan a figuras del PSOE —como José Luis Ábalos o Santos Cerdán— dominan la agenda informativa.
Como apunta Vozpópuli, resulta llamativo que el levantamiento del secreto coincida con la cesión del 100% del IRPF a Cataluña y con el malestar general por la gestión fiscal del Ejecutivo, en lo que algunos interpretan como un movimiento de contrapeso político.
Además, este no es el primer procedimiento judicial contra Equipo Económico. Una primera causa fue archivada en 2019 por la Audiencia Provincial de Madrid por falta de indicios. Sin embargo, la nueva investigación habría sido reactivada a partir de un hallazgo incidental: un correo electrónico interceptado durante un registro a una empresa química de Tarragona, en el que se hablaba de pagar al despacho para acceder al ministro Montoro.