¿Segundo pasaporte? Solicitan verificar si Begoña Gómez ha adquirido la nacionalidad de República Dominicana
El Juzgado de Instrucción n.º 41 de Madrid, que instruye el conocido como ‘caso Begoña Gómez’, ha recibido una nueva solicitud formal por parte de Manos Limpias para que se investigue si la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adquirido la nacionalidad de República Dominicana. La petición ha sido registrada este lunes y va dirigida al juez Juan Carlos Peinado, encargado del procedimiento judicial en curso.
Una petición vinculada a las declaraciones de Aldama
La solicitud llega tras las explosivas declaraciones del empresario Víctor de Aldama, investigado en el caso Koldo, quien afirmó en una entrevista en Telemadrid que tiene conocimiento, «por buenas fuentes», de que Begoña Gómez ha solicitado y obtenido la nacionalidad dominicana.
«Me consta que tiene nacionalidad dominicana. Me viene de fuentes fiables», declaró Aldama en un momento clave del proceso judicial.
Según el escrito presentado por el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, se pide a Peinado que recabe información oficial a través de la Policía Nacional o, en su defecto, a través de la Embajada de República Dominicana en España. El objetivo sería verificar si Begoña Gómez dispone de un segundo pasaporte, lo cual podría afectar de forma significativa las medidas cautelares en su contra.
Posible riesgo de fuga y antecedentes recientes
El movimiento de Bernad no es aislado. Ya en 2024 las acusaciones populares pidieron que se retirase el pasaporte español a Begoña Gómez, tras su negativa a comparecer en sede judicial por tener previsto asistir a la cumbre del G-20 en Brasil. En aquel momento, la defensa de Gómez presentó una carta de invitación firmada por la primera dama brasileña, Janja Lula da Silva, y una confirmación oficial remitida desde Moncloa.
Entonces, las acusaciones denunciaron una actitud de «desprecio hacia el Poder Judicial» y advirtieron de un posible trato privilegiado por parte del sistema institucional hacia la esposa del presidente del Gobierno.
La conexión dominicana en el caso Koldo
La solicitud de Manos Limpias cobra especial relevancia a la luz de los movimientos detectados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que vinculan a varios implicados en la trama con la República Dominicana. En particular, se ha documentado que Joseba García, hermano de Koldo García, viajaba con frecuencia a ese país para recoger dinero en efectivo, presuntamente procedente de comisiones ilegales.
Además, el empresario Víctor de Aldama, también investigado, ha señalado en sede mediática que parte de los fondos desviados pudieron circular a través del sistema financiero dominicano.
Reacción del juzgado: medidas en estudio
El juez Juan Carlos Peinado ya ha ordenado recientemente que tanto Begoña Gómez como su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, entreguen sus pasaportes para que se analicen fechas, destinos y coincidencias de sus viajes internacionales. El análisis está siendo realizado por la UCO, que también ha solicitado las agendas oficiales de ambas.
El escrito de Bernad plantea la posibilidad de que, si se confirma la existencia de una doble nacionalidad, el juez adopte medidas más restrictivas, como la retirada del pasaporte español, la prohibición de salida del territorio nacional o incluso la solicitud de prisión preventiva por riesgo de fuga.
«A tenor de que pudiera existir un riesgo de fuga, creemos necesario verificar esta información», ha declarado Bernad.
Un nuevo frente judicial y político
La solicitud se suma al reciente impulso de la causa por parte del magistrado Peinado, quien la semana pasada imputó por malversación a la secretaria general de Presidencia del Gobierno, Judit González Pedraz, y citó a declarar a nueve testigos clave, entre ellos Juan Carlos Barrabés y Miguel Escassi (Google).
El supuesto vínculo de Begoña Gómez con empresas beneficiadas por contratos públicos, así como su participación en la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, la sitúan en el centro de una instrucción judicial que ya apunta a las más altas esferas del Ejecutivo.