La “Sauna Princesa”: el Supremo confirmó en 2001 prostitución en un local del suegro de Sánchez
Una sentencia judicial de 2001 acredita la existencia de actividades de prostitución en un negocio gestionado por familiares políticos del actual presidente del Gobierno. El establecimiento, conocido como “Sauna Princesa”, operó durante años en el centro de Madrid.
Prostíbulo encubierto como sauna: el contenido de la sentencia
El Tribunal Supremo, en una sentencia fechada el 7 de diciembre de 2001, dictaminó que en el local denominado Sauna Princesa “se ejercía la prostitución”, según quedó probado en base a documentación y observaciones de la Policía. El fallo se produjo en el marco de un recurso presentado contra la orden de expulsión de una ciudadana de Guinea Ecuatorial.
Aunque la expulsión fue anulada por falta de pruebas directas contra la mujer afectada, la sentencia describe el local como “acondicionado para el desarrollo de actividades de prostitución”, con habitaciones equipadas con sauna, jacuzzi, camas y otras instalaciones compatibles con ese tipo de actividad. El contenido de esta resolución fue publicado por OKDIARIO.
Vinculación familiar con la esposa del presidente
El establecimiento pertenecía a miembros de la familia Gómez Serrano, entre ellos Francisco Enrique Gómez Serrano, tío de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. La gestión del negocio familiar incluía tareas de recaudación y coordinación de los servicios ofrecidos.
Fuentes consultadas por el citado medio afirman que la empresa San Bernardo 36 SL, vinculada al mismo grupo familiar, acumuló a lo largo de los años un importante patrimonio inmobiliario, valorado en cerca de un millón de euros. Esta sociedad canalizó parte de los beneficios procedentes del negocio, incluyendo propiedades en Madrid, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Segovia.
Una de estas propiedades fue vendida a Begoña Gómez en 2013, antes de la llegada de Sánchez a la secretaría general del PSOE.
Acusaciones de sobornos y connivencia policial
Un ex empleado del local declaró que existía una estructura de pagos divididos entre el establecimiento y las trabajadoras sexuales, y que agentes policiales recibían presuntamente invitaciones en forma de bebidas y servicios sexuales para garantizar la operatividad del negocio sin intervención legal. Estas prácticas no forman parte de ninguna causa judicial activa ni figuran como probadas en el fallo del Supremo, pero han sido reportadas en declaraciones testimoniales.
Hasta la fecha, ni el Gobierno ni el PSOE han emitido valoraciones públicas sobre el contenido de la sentencia o las vinculaciones familiares con el local. Tampoco se ha producido ninguna explicación oficial respecto a la procedencia del patrimonio mencionado o su eventual relación con la actual primera familia.