Sánchez sigue cediendo ante Junts a cambio de unos Presupuestos que no llegan
El Gobierno cede ante Junts y propone una ley para delegar competencias de inmigración a Cataluña, incluyendo la devolución de extranjeros y la gestión de fronteras por parte de los Mossos, mientras Puigdemont endurece su discurso identitario y mantiene bloqueados los Presupuestos, claves para la estabilidad de Sánchez
Lo que hasta hace poco parecía inconstitucional hoy se convierte en moneda de cambio. El Gobierno de Pedro Sánchez ha firmado con Junts una Proposición de Ley Orgánica que entrega a la Generalitat la gestión de devoluciones de extranjeros y la participación de los Mossos d’Esquadra en el control de fronteras, funciones hasta ahora exclusivas del Estado. Un giro histórico que, lejos de calmar las aguas, aviva la tensión política y alimenta el discurso más radical del independentismo.
Todo mientras los Presupuestos Generales del Estado siguen en el aire. Puigdemont mantiene bloqueada la negociación de las cuentas públicas y no ofrece garantías a Sánchez, pese a las cesiones concedidas. Ni la oficialidad del catalán en Europa, ni la aplicación efectiva de la amnistía para su causa han avanzado lo suficiente para asegurar el apoyo de Junts. Eso sí, en materia migratoria, el Gobierno ha cumplido rápido y con letra gruesa.
La proposición registrada en el Congreso plasma por escrito lo que muchos veían venir: un pacto que asume sin tapujos el discurso identitario de Junts, defendiendo la necesidad de proteger la "lengua y cultura catalanas" frente a la llegada de inmigrantes. El texto alude a un "contrato social atractivo", pero con condiciones claras: integración plena solo si se adoptan los valores culturales de Cataluña, empezando por el catalán como requisito indispensable.
Así lo remarcó el propio Carles Puigdemont desde Bruselas: "El catalán es imprescindible para demostrar que estás enraizado en Cataluña", dejando entrever la intención futura de exigir su dominio como criterio para permisos de residencia o trabajo. Y aunque fuentes del entorno de Junts admiten que no figura en el articulado de la ley, abren la puerta a desarrollarlo mediante un reglamento autonómico posterior.
Pero la cesión va más allá de la retórica. Con esta ley, los Mossos d’Esquadra se incorporan al dispositivo de control fronterizo en puertos, aeropuertos y zonas críticas, coordinándose –al menos sobre el papel– con Policía Nacional y Guardia Civil. Desde el Gobierno insisten en que se trata de una "delegación reversible", no de un traspaso definitivo. Sin embargo, una vez abierta la puerta, pocos creen que Cataluña renuncie a ese poder, especialmente con un Puigdemont en plena ofensiva política.
Y es que el líder de Junts ha aprovechado este acuerdo para reforzar su giro antiinmigración. Frente a un escenario de saturación de menores extranjeros no acompañados (MENAS), Puigdemont defiende que Cataluña no puede recibir más hasta equilibrarse con otras comunidades. "No tenemos suficientes recursos", sentenció, alineándose con posiciones que, hasta hace poco, eran patrimonio de partidos como Aliança Catalana.
Mientras tanto, en La Moncloa se agarran a este pacto como un "paso más" hacia los Presupuestos, aunque reconocen que la operación es delicada y que "requiere poner de acuerdo a muchos grupos". De hecho, Podemos ya amenaza con bloquear la tramitación de esta ley si avanza tal como está redactada: "No se hará con nuestros votos", han advertido, dejando claro que el acuerdo con Junts no solo fractura al país, sino también al propio bloque de investidura.
El Gobierno, sin embargo, defiende la constitucionalidad del texto, amparándose en el artículo 150.2 de la Constitución, que permite delegar competencias del Estado a las comunidades autónomas. Según Moncloa, todo está dentro de la legalidad y responde a un contexto geopolítico que exige soluciones flexibles. Pero para la oposición, y buena parte de la opinión pública, esto no es más que otra concesión más a cambio de seguir en el poder.
Con este movimiento, Sánchez pone a prueba hasta dónde puede estirar la cuerda del independentismo sin romperla. Y todo por unos Presupuestos que siguen sin fecha, sin garantías y con una legislatura que, pese a las apariencias, cuelga de un hilo. Porque si algo ha dejado claro Puigdemont es que nada es gratis, y que cada voto cuesta competencias, poder y soberanía.