Sánchez pone a Montero al frente del plan anticorrupción y el PP cuestiona su credibilidad

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha sido designada por el presidente Pedro Sánchez como máxima responsable de la nueva comisión interministerial creada para coordinar la ejecución del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, aprobado el martes 26 de agosto por el Consejo de Ministros.

Según ha informado el Gobierno, Montero asumirá la dirección estratégica y la coordinación de las actuaciones previstas en el plan, con el objetivo de reforzar los mecanismos de integridad pública en la Administración General del Estado. El nombramiento ha suscitado reacciones críticas en algunos sectores debido al papel desempeñado por Montero como consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía durante los años del escándalo de los ERE, actualmente considerado el mayor caso de corrupción institucional en la historia democrática de España.

Acumulación de responsabilidades

Con este nuevo encargo, Montero suma una sexta responsabilidad oficial a su ya extensa lista de cargos: actualmente es vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda, vicesecretaria general del PSOE, secretaria general del PSOE andaluz y diputada en el Congreso. A estas tareas se suma además la elaboración y negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026, a los que el Ejecutivo ha vinculado el avance del curso político.

La vicepresidenta estará acompañada en esta comisión por otros altos cargos del Ejecutivo, entre los que figuran:

• Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, como vicepresidenta del órgano.

• Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia.

• Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.

• Ernest Urtasun, ministro de Cultura.

• Óscar López, ministro de la Presidencia.

• Diego Rubio, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

• Y el futuro presidente de la Agencia Independiente de Integridad Pública, que aún no ha sido constituida.

Una nueva comisión en una estructura ya sobredimensionada

Con esta decisión, el Ejecutivo suma una nueva comisión interministerial a la extensa red de órganos de coordinación impulsados desde que Pedro Sánchez accediera a La Moncloa en 2018. En total, ya se han constituido al menos 15 nuevas comisiones interministeriales bajo su mandato, sin contar las heredadas de gobiernos anteriores.

A estas comisiones hay que añadir otros organismos, como los comisionados especiales, que, según datos de El Debate, han elevado a 26 los órganos de coordinación interna del Ejecutivo, sin contar con los 22 ministerios existentes (la cifra más alta de la democracia), las 36 secretarías de Estado, 38 subsecretarías y secretarías generales, y las más de 130 direcciones generales.

Desde el Ejecutivo se argumenta que estas comisiones no suponen incremento de presupuesto, dado que operan con medios materiales y humanos ya disponibles en cada departamento ministerial. No obstante, la crítica por parte de algunos expertos en gobernanza y oposición parlamentaria se centra en la eficacia real y la utilidad práctica de estas estructuras, muchas de las cuales, aseguran, acumulan funciones superpuestas o carecen de actividad sostenida.

Antecedentes controvertidos

El nombramiento de Montero para coordinar la política anticorrupción ha sido destacado por algunos medios por su relación con el caso de los ERE. En su etapa como consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía (2004-2013), ocupó un cargo de responsabilidad durante el periodo en el que se autorizó el desvío de fondos públicos por valor de más de 680 millones de euros, que dio lugar a un procedimiento judicial que acabó con altas condenas a exdirigentes del PSOE andaluz, incluyendo a dos expresidentes autonómicos.

Aunque Montero no fue imputada ni señalada judicialmente en el caso, su vinculación institucional con ese periodo ha sido motivo de controversia tras su ascenso a la primera línea del Ejecutivo y su liderazgo del PSOE andaluz.

Composición y funciones del nuevo órgano

La nueva comisión tendrá como funciones, según el Gobierno:

• Coordinar las actuaciones en materia de prevención, detección y sanción de prácticas corruptas en la Administración del Estado.

• Proponer reformas normativas en áreas como la contratación pública, la financiación de partidos o los conflictos de intereses.

• Supervisar la implementación de las medidas incluidas en el Plan Estatal contra la Corrupción aprobado en Consejo de Ministros.

Por el momento, el contenido concreto del plan no se ha hecho público en su totalidad, aunque desde Moncloa se asegura que está basado en recomendaciones de organismos internacionales como GRECO y la OCDE, y que será coordinado con la futura Agencia de Integridad Pública.