El Gobierno logra aprobar la reforma fiscal con nuevos impuestos al tabaco y a la banca

La reforma también incluye nuevos impuestos al tabaco y los vapeadores. Sin embargo, la tramitación del gravamen a las energéticas, que ha generado fricciones entre los socios de la coalición, se ha pospuesto hasta diciembre. A pesar de los desacuerdos, el Gobierno ha logrado sumar los apoyos necesarios, a cambio de promesas que se han considerado contradictorias entre los distintos socios de coalición, como Podemos y Junts.

El apoyo político y las negociaciones intensas

La reforma fiscal ha sido respaldada por una amplia mayoría de grupos parlamentarios, incluyendo al PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria. En cambio, PP, Vox y UPN han votado en contra. José Luis Ábalos, exministro socialista, ha optado por no asistir a la votación al estar actualmente integrado en el Grupo Mixto.

La aprobación de esta reforma ha sido clave para el futuro de la legislatura, ya que de no contar con los apoyos necesarios, el Gobierno de Sánchez se habría visto seriamente comprometido. La tramitación del paquete fiscal no ha sido sencilla; la semana comenzó con una comisión parlamentaria que se prolongó más de siete horas, y PP calificó ese proceso de «secuestro». Sin embargo, las negociaciones intensas entre los socios de coalición han permitido que finalmente se consiguiera el apoyo necesario, aunque con promesas que, en muchos casos, aún no están formalmente concretadas, según informa The Objective.

Podemos y el futuro impuesto a las energéticas

Uno de los puntos más conflictivos en el camino hacia la aprobación de la reforma fue el impuesto a las energéticas, un tema que ha generado tensiones dentro del Gobierno. Podemos había amenazado con no apoyar la reforma si no se comprometía a la creación de un nuevo impuesto para las grandes empresas energéticas. Finalmente, el Gobierno ha logrado asegurar el voto de Podemos con la promesa de que se creará un impuesto a las energéticas mediante una futura proposición de ley. En caso de que no se llegue a un acuerdo antes del 31 de diciembre, se recurriría a la vía del decreto. Esta promesa también fue acordada con Junts, aunque previamente se había acordado con ERC, Bildu y BNG la aprobación de un decreto para prorrogar el actual gravamen a las energéticas.

Principales medidas aprobadas

Entre las principales medidas aprobadas, destacan las siguientes:

• Impuesto mínimo global: Se establece un tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de sociedades para las empresas multinacionales que obtienen grandes beneficios a nivel global. Esta medida es una transposición de la directiva europea que regula este tributo complementario.

• Impuesto a la banca: La reforma también incluye la creación de un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones bancarias, con tipos que varían entre el 1% y el 7%, y permite deducciones importantes, como una parte de la cuota del impuesto de sociedades y otra extraordinaria en caso de pérdidas de rentabilidad.

• Subida del IRPF: Se sube dos puntos el IRPF para las rentas del capital superiores a 300.000 euros, pasando del 18% al 20%.

• Impuestos a tabaco y vapeadores: Se incluyen nuevos tributos para el tabaco y los vapeadores, con el objetivo de aumentar la fiscalidad de estos productos.

• Modificación del impuesto de sociedades: Se modifica el impuesto de sociedades para compensar la anulación por parte del Tribunal Constitucional de las reformas fiscales impulsadas por el PP, limitando la compensación de bases imponibles y deducciones por doble imposición, entre otras medidas.

• Medidas contra el fraude fiscal: Se introducen cambios normativos para combatir el fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos.

• Reducción de impuestos a pymes: Se bajará progresivamente el impuesto de sociedades para las empresas que facturan menos de un millón de euros.

• IVA a pisos turísticos: Se impulsa la modificación de la directiva europea del IVA para permitir que se grave a los pisos turísticos.

• Compatibilidad de pensiones y trabajo: Se regula la incompatibilidad entre la percepción de una pensión vitalicia por incapacidad permanente o gran invalidez y un trabajo, suspendiéndose el pago de la pensión si se da de alta en la Seguridad Social.

Esta reforma fiscal supone un giro en la política económica del Gobierno de Sánchez y representa una de las apuestas más ambiciosas de la legislatura. No obstante, el camino hacia su implementación está plagado de incertidumbres, sobre todo en lo que respecta a la creación del impuesto a las energéticas, que sigue siendo un tema pendiente de concretar. Las promesas realizadas a los socios de coalición se presentan como elementos clave para el futuro del Ejecutivo, y su cumplimiento será uno de los principales puntos de observación en los próximos meses.