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Junts acelera hacia la Justicia propia y el referéndum tras arrancarle a Moncloa migración, deuda y tributos

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / Edu Botella

En solo diez días, han conseguido la condonación de deuda, el control de impuestos y la gestión migratoria | Ahora, van a por el premio gordo: una Justicia catalana y el referéndum

Aquello que en 2023 parecía un “cuento” según Sánchez hoy es la crónica de una rendición anunciada. En menos de dos semanas, Junts per Catalunya ha conseguido desbloquear tres concesiones históricas que hasta hace poco parecían intocables:

  • La condonación de 17.000 millones de euros de deuda catalana.
  • La cesión progresiva del 100% de los tributos que se recauden en Cataluña, arrancando con el impuesto de matriculación y proyectando a medio plazo IRPF y demás figuras fiscales.
  • La llamada “delegación” de competencias en inmigración, un eufemismo para sortear la Constitución mientras los Mossos d’Esquadra ya se preparan para gestionar devoluciones de extranjeros y vigilar fronteras.

Todo esto, sin garantizar siquiera la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025, que siguen empantanados mientras Puigdemont se limita a observar cómo el Gobierno se desploma a sus pies.

Puigdemont y la hoja de ruta final: Justicia propia y referéndum

Lo que viene ahora está aún más claro. La independencia ya no se busca desde la unilateralidad, sino desde el BOE. "Pantalla superada", bromean desde Junts, que ya marcan en rojo los dos últimos pasos:

  1. Una Justicia catalana desligada del Estado español. El objetivo es reconvertir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un pseudo Tribunal Supremo que cierre el círculo de impunidad para los líderes del "procés". Afines al independentismo ocuparían los puestos clave, elegidos por mayoría simple del Parlament, dejando atrás cualquier atisbo de separación de poderes.

  2. Una consulta pactada. No ocultan ya su ambición: que Sánchez convoque un referéndum de autodeterminación bajo el paraguas del artículo 92 de la Constitución, con el Rey firmando la convocatoria. Puigdemont no se conforma con menos. Mientras tanto, ERC sigue vendiendo la opción canadiense de la Ley de Claridad, pero ambos partidos coinciden en lo esencial: el derecho a decidir, refrendado y legitimado.

La hoja de ruta independentista avanza... con el PSOE como copiloto

La historia se repite. Primero fueron los indultos a los cabecillas del procés. Luego llegó la derogación de la sedición, la rebaja de la malversación y el regreso triunfal de fugados como Meritxell Serret o Clara Ponsatí. Ahora, el catálogo de concesiones se amplía a ritmo de vértigo, mientras desde Bruselas Puigdemont se jacta:

“Con la inmigración, Cataluña asume competencias que solo gestionan los estados. Estamos mucho más preparados para el futuro como nación”.

Y todo esto a cambio de una investidura que hoy se tambalea. Porque, pese a entregar lo que antes era innegociable, Sánchez sigue sin Presupuestos y sin garantías de legislatura. En la práctica, Junts maneja los tiempos, las exigencias y la agenda.

La España de saldo: entre la amnistía y la desintegración silenciosa

La progresión es evidente:

  • Amnistía para Puigdemont.
  • Indultos para los líderes del procés.
  • Deuda perdonada.
  • Impuestos propios.
  • Control migratorio.
  • Y, a la vuelta de la esquina, el asalto final a la Justicia y al marco constitucional con un referéndum acordado.

En este contexto, las protestas empiezan a salir de los cuarteles y llegar a las calles. Policías y guardias civiles ya anuncian movilizaciones contra la cesión migratoria, que entienden como el principio del fin del modelo de Estado. Mientras, el Gobierno sigue minimizando lo ocurrido, vendiéndolo como "delegaciones reversibles" que, en la práctica, han llegado para quedarse.

En Moncloa lo saben. En el separatismo lo celebran. Y en el resto del país muchos empiezan a preguntarse qué quedará del Estado cuando termine la legislatura.