Sánchez lanza un plan anticorrupción para desviar el foco del 'caso Ábalos'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció este miércoles en el Congreso de los Diputados para responder por la crisis política derivada del caso de corrupción que afecta a Santos Cerdán y José Luis Ábalos, dos de sus excolaboradores más cercanos. Ante un pleno extraordinario, el jefe del Ejecutivo negó responsabilidades personales en los hechos investigados y presentó un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, compuesto por 15 medidas concretas, que calificó como "el mayor impulso contra la corrupción en décadas".

La intervención de Sánchez se produce tras la entrada en prisión preventiva de Cerdán por su presunta implicación en el caso conocido como "trama PSOE" o "caso Koldo". La situación ha generado una fuerte presión sobre el Ejecutivo y ha avivado las críticas de la oposición, que exige explicaciones y asunción de responsabilidades.

Pese a ello, Sánchez reiteró su intención de seguir al frente del Gobierno y defendió su trayectoria afirmando que es un «político limpio». Reconoció que llegó a plantearse la dimisión al inicio de la crisis, pero aseguró que "tirar la toalla no es una opción" y que su prioridad es "recuperar la confianza de los grupos parlamentarios".

Un plan con medidas parciales y recicladas

El nuevo Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, elaborado con el apoyo técnico de Sumar y de la OCDE, incluye un calendario de implementación de doce meses, con revisiones periódicas. El plan ha sido presentado como una respuesta institucional estructural, pero varios analistas y medios han señalado que contiene medidas ya existentes o promesas anteriores sin cumplir.

Entre las medidas más destacadas figuran:

• Creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública.

• Mapas de riesgo de integridad en la administración.

• Exámenes patrimoniales aleatorios a altos cargos durante su mandato.

• Ley de Transparencia de los Lobbies, con registro y publicación obligatoria de reuniones con grupos de interés.

• Digitalización y uso de inteligencia artificial en contratación pública.

• Auditorías externas obligatorias a partidos y fundaciones con financiación pública.

• Listas negras de empresas condenadas por corrupción, que quedarán excluidas de futuras contrataciones con el Estado.

Además, Sánchez ha prometido reformas legales para fortalecer el papel del Ministerio Fiscal en la instrucción penal, endurecer el Código Penal y ampliar las competencias de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA). Se contempla también el decomiso de bienes sin condena firme, siguiendo modelos como el italiano o británico.

Medidas de protección al denunciante

Una de las novedades más relevantes es el refuerzo de la protección jurídica para los denunciantes de corrupción. El plan contempla garantías de confidencialidad, indemnizaciones por represalias, y la obligación para empresas y administraciones de establecer canales internos y externos de denuncia con total trazabilidad.

Durante la comparecencia, la bancada del PSOE respaldó con aplausos la propuesta, en especial la medida de exclusión de empresas corruptoras. Sin embargo, la oposición —encabezada por el PP— consideró que el presidente intenta desplazar la responsabilidad de sus decisiones políticas y aprovechar el escándalo para impulsar medidas ya prometidas en anteriores legislaturas.

También se han cuestionado las verdaderas intenciones del plan, al considerar que se presenta como una maniobra de distracción frente al impacto reputacional del caso Ábalos-Cerdán. En ese sentido, algunos grupos parlamentarios han pedido incluso una cuestión de confianza, aunque sin votación formal.