Sánchez impulsa la 'ley Koldo' para blindar a su Gobierno de pruebas incómodas

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha activado un nuevo frente legislativo con la tramitación de un anteproyecto de ley orgánica que reformularía los límites del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen con especial atención a grabaciones y registros audiovisuales como los empleados por la Guardia Civil en el caso Koldo.

Según ha adelantado en exclusiva The Objective, el texto ha sido elaborado por el Ministerio de Justicia, dirigido por Félix Bolaños, y su contenido será analizado en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios (CGSEyS) con vistas a su aprobación por el Consejo de Ministros. Esta nueva norma, ya apodada como "ley Koldo", apunta a invalidar como prueba jurídica determinadas grabaciones o audios obtenidos sin consentimiento, aunque recojan indicios de corrupción o malversación.

Un blindaje a medida de Ábalos y Cerdán

La medida llega en plena investigación judicial del caso Koldo, tras la difusión de conversaciones recogidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, donde se implica a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y al propio Koldo García en presuntos amaños de contratos y cobro de comisiones. Las fuentes gubernamentales consultadas por The Objective vinculan directamente esta reforma con la estrategia de defensa del exnúmero dos del PSOE y del exministro de Transportes.

En concreto, el artículo 7 del anteproyecto considera “intromisión ilegítima” el uso de cualquier dispositivo que grabe o registre aspectos de la vida íntima sin autorización. Además, se pretende extender esta figura a las comunicaciones personales y documentos privados, que quedarían blindados ante la posibilidad de ser admitidos como pruebas judiciales, salvo intervención expresa de la autoridad competente.

La norma busca invalidar audios como los entregados por la UCO, en los que los implicados dicen “no reconocerse”, alegando incluso posible uso de inteligencia artificial para suplantar voces.

Ocho nuevos supuestos para blindar la intimidad política

El texto legal recoge ocho tipos de intromisión ilegítima, incluyendo:

• La captación o reproducción no consentida de voz o imagen.

• La divulgación de hechos de la vida privada que afecten a la reputación.

• La utilización de nombres o imágenes con fines comerciales o lesivos, como el caso denunciado por Ábalos tras aparecer en una web de acompañantes.

• La difusión de datos obtenidos por profesionales, lo que pondría límites a filtraciones internas o “whistleblowers”.

También se define como ilícito el uso del delito por parte de un condenado para obtener notoriedad o rédito económico, así como la atribución de hechos falsos que menoscaben la dignidad.

¿Puede afectar al caso Koldo?

El artículo 8 matiza que no se considerarán intromisiones las actuaciones acordadas por jueces o policías, pero la duda reside en su posible aplicación retroactiva. Aunque el anteproyecto incluye una disposición transitoria para que los procedimientos en curso se rijan por la norma vigente, el efecto simbólico y político de esta ley podría influir en futuras causas que afecten a miembros del Gobierno.

Fuentes jurídicas consultadas por The Objective advierten que, aunque las grabaciones actuales no serían anuladas de forma automática, sí podría excluirse evidencia audiovisual en procedimientos que se inicien tras la entrada en vigor de la ley.

Un paso más en la ofensiva contra el poder judicial

La llamada "ley Koldo" se enmarca dentro de una serie de reformas legales impulsadas por el Gobierno tras la imputación de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. A estas se suman:

• La ley Begoña, que busca limitar la acusación popular a partidos políticos o asociaciones.

• La reforma de acceso a la carrera judicial y fiscal, orientada a diversificar el perfil sociológico de jueces y fiscales.

• La modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que amplían las competencias del Fiscal General del Estado, actualmente Álvaro García Ortiz, también imputado.

Estas iniciativas son vistas por sectores judiciales y de la oposición como una ofensiva institucional para condicionar los procesos que afectan al entorno más cercano del presidente.

¿Ley garantista o normativa ad hoc?

La medida ha sido recibida con preocupación por parte de juristas y asociaciones de magistrados, que alertan de la deriva restrictiva hacia el periodismo de investigación y la transparencia institucional. El propio presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, reconoció recientemente que “hay ministros que han grabado conversaciones con Pedro Sánchez”, en alusión a los momentos de crisis interna tras la imputación de Gómez.

Si se aprueba tal como está redactado, el texto podría impedir que grabaciones futuras entre cargos del Gobierno sean presentadas como prueba, blindando de facto a la cúpula política ante futuras revelaciones.