Sánchez desclasifica el 23F como "maniobra de distracción"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la desclasificación de los documentos oficiales vinculados al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, una decisión que se formalizará este martes en el Consejo de Ministros y que entrará en vigor el miércoles tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La medida coincide con el 45º aniversario de la intentona encabezada por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, que mantuvo en vilo a España durante horas y puso en jaque el proceso democrático.

En un mensaje difundido en redes sociales, Sánchez defendió que con esta iniciativa el Ejecutivo pretende “saldar una deuda histórica con la ciudadanía” y reforzar la transparencia institucional. “Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre”, afirmó el presidente, quien también agradeció a quienes, en sus palabras, “abristeis camino” en la consolidación del sistema democrático tras la Transición.

La desclasificación permitirá que una parte relevante de los archivos que han permanecido bajo secreto oficial durante más de cuatro décadas pase a ser accesible al público. Según fuentes gubernamentales, los documentos estarán disponibles a través de la página web de La Moncloa una vez completado el trámite formal. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, será la encargada de detallar el alcance concreto de la medida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Entre la documentación susceptible de hacerse pública figura el sumario completo del juicio del 23F, custodiado en el Tribunal Supremo y compuesto por decenas de legajos que incluyen declaraciones de los procesados, pruebas documentales y grabaciones originales. También se encuentran los archivos de los servicios de inteligencia de la época —el entonces CESID—, que contienen informes internos, transcripciones de escuchas y documentos clasificados como “alto secreto”. A ello se suman comunicaciones internas entre la Casa Real, el Gobierno y distintas regiones militares, así como informes de movilización elaborados durante la jornada del golpe.

Hasta ahora, el acceso a estos materiales estaba limitado por la normativa de secretos oficiales, una legislación heredada del franquismo que no establecía plazos automáticos de desclasificación. En 2025, el Gobierno aprobó un proyecto de Ley de Información Clasificada que fija periodos concretos para levantar el secreto de los documentos: 45 años para los catalogados como “alto secreto”, 35 para los considerados “secreto” y plazos menores para categorías inferiores. Precisamente este lunes se cumplen 45 años del 23F, lo que enmarca jurídicamente la decisión.

El anuncio ha generado reacciones inmediatas en el ámbito político. Desde el Partido Popular, su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, calificó la iniciativa como una “cortina de humo” y acusó al Ejecutivo de intentar desviar la atención de otras polémicas que afectan al Gobierno. A juicio de los populares, el anuncio responde más a una estrategia política que a una verdadera voluntad de transparencia.