Sánchez ignora al Supremo y recoloca a Magdalena Valerio en el Consejo de Estado

En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo tumbó el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, alegando lo obvio: no cumplía con los requisitos de "jurista de reconocida competencia", exigidos por la ley para quien debe liderar el máximo órgano consultivo del Gobierno. El fallo, celebrado como una necesaria defensa del mérito frente al sectarismo, se interpretó como un punto de inflexión en la deriva institucional del país.

Pero solo hizo falta paciencia. Y cálculo. Menos de un año después, el Ejecutivo ha devuelto a Valerio al mismo órgano, esta vez como consejera permanente, una posición de menor visibilidad, sí, pero de indudable poder interno, desde donde participará en la elaboración de dictámenes que afectan a las decisiones más sensibles del Estado. En otras palabras: fue apartada por incompetente para la presidencia, pero suficientemente válida, según el Gobierno, para influir desde dentro.

Aquí no estamos ante un simple ajuste político. Estamos ante la consagración de un modelo de poder que confunde la administración del Estado con una prolongación de la estructura partidista. Y lo hace, además, sin disimulo, sin rubor y, lo que es peor, sin consecuencias.

La ocupación del Estado

Lo de Valerio no es un caso aislado. Es una pieza más de un patrón que se repite con una regularidad tan precisa que resulta imposible ignorarlo. Los ejemplos abundan: desde el Tribunal Constitucional, donde exministros socialistas dictan sentencias sobre leyes impulsadas por sus antiguos compañeros de gabinete, hasta el Banco de España, cuya presidencia fue otorgada a José Luis Escrivá, otro rostro de la órbita gubernamental.

Cada uno de estos movimientos responde a una lógica coherente y devastadora: asegurar que no haya instancia institucional que no esté alineada, por convicción o gratitud, con los objetivos del poder ejecutivo. La sustitución del mérito por la lealtad ya no es una anomalía; es doctrina oficial.

La erosión silenciosa

Conviene no engañarse. El problema no es Magdalena Valerio, ni siquiera la reiteración de su nombramiento pese al correctivo judicial. El problema es el proceso de descomposición institucional que se normaliza cuando la ley se interpreta como un obstáculo menor, susceptible de ser bordeado por resquicios formales, y cuando los fallos judiciales no corrigen los abusos, sino que apenas los retrasan.

Cuando un gobierno coloniza los organismos llamados a moderarlo, la democracia deja de ser un equilibrio de poderes y se convierte en un régimen de mayoría absoluta prolongada. A partir de ahí, la degradación es inevitable: los dictámenes pierden valor, las sentencias generan sospecha y los ciudadanos asumen, cada vez con menos resistencia, que las reglas son flexibles para quienes mandan y rígidas para quienes obedecen.

Un síntoma, no una anécdota

La reincorporación de Valerio como consejera permanente es, en esencia, la confirmación de que no existe voluntad alguna de regeneración. La respuesta del Gobierno al fallo del Supremo no ha sido la rectificación, sino la reincidencia. Y eso solo puede entenderse si se asume que no se trata de un error, sino de una estrategia.

El deterioro institucional no llega de golpe, ni por un acto único y espectacular. Llega así: por acumulación de gestos, por la ocupación paciente y meticulosa de cada espacio de neutralidad, por la confusión deliberada entre partido y Estado.

Un día, una ministra sin trayectoria jurídica relevante es nombrada presidenta del Consejo de Estado. Los tribunales corrigen el abuso. Y al año siguiente, vuelve por la puerta de atrás. Si eso no alarma, si eso no indigna, si eso no moviliza la defensa del mérito, la imparcialidad y la independencia, es porque la democracia ya ha asumido su propia claudicación.

Pero convendría recordar que no hay régimen que resista indefinidamente la burla sistemática de sus instituciones. El precio de normalizar estas prácticas siempre llega. Y suele ser tan alto como previsible.