Sánchez deberá explicar por qué no volvió de la India mientras la DANA dejaba 235 muertos en España
Pedro Sánchez deberá rendir cuentas no solo ante la opinión pública, sino también ante la legislación vigente. El Consejo de Transparencia ha ordenado al Gobierno entregar todos los informes sobre la DANA, los motivos de su inacción y su negativa a regresar de India mientras España se ahogaba. Una resolución que puede marcar un antes y un después en la responsabilidad política y legal del presidente del Gobierno.
Una resolución obliga a Moncloa a entregar todos los informes que alertaron a Pedro Sánchez sobre la catástrofe climática mientras cenaba con su esposa en Bombay y firmaba acuerdos sobre sequía con India. El presidente del Gobierno deberá justificar por qué no activó la Ley de Seguridad Nacional ni interrumpió su viaje oficial mientras cuatro comunidades eran devastadas por lluvias torrenciales.
NUEVO REVÉS
En un nuevo revés legal para el Ejecutivo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha obligado a Pedro Sánchez a entregar toda la documentación relativa a su conducta durante la DANA que asoló Valencia, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y Cataluña a finales de octubre de 2024.
Este artículo fue publicado originalmente por El Debate. Desde eldiarioalerta.com nos hacemos eco de su contenido dada la gravedad institucional que plantea.
La resolución 2025-300, de 17 de marzo, exige a Moncloa que aclare, por escrito y con documentos oficiales, qué información tenía el presidente sobre la catástrofe climática, qué medidas adoptó, y sobre todo, por qué no interrumpió su visita oficial a La India, donde permaneció junto a su esposa en actos protocolarios y cenas privadas, incluso mientras se firmaban acuerdos sobre sequía.
Mientras España se inundaba, Sánchez firmaba en Nueva Delhi una declaración conjunta con la India para combatir la sequía, un gesto que ahora adquiere un tinte macabro, según fuentes jurídicas consultadas por El Debate. A las 19:43 del 29 de octubre, cuando Valencia ya era un campo de escombros y agua, el presidente publicó un breve mensaje en la red social X afirmando que seguía la situación "con preocupación".
El Consejo de Transparencia exige explicaciones
La resolución del CTBG exige:
-
Los informes que alertaron a Pedro Sánchez de la DANA mientras se encontraba en India.
-
La justificación de por qué no regresó antes de lo previsto.
-
Documentación que acredite que el Gobierno estaba informado de la gravedad del fenómeno y que aún así no activó la Ley de Seguridad Nacional.
Este requerimiento se suma a una creciente presión institucional para que Sánchez rinda cuentas sobre su inacción ante una tragedia que costó la vida a 235 personas.
Silencio institucional y cena con su esposa
Durante los días 27 al 29 de octubre, mientras los ríos Magro y Poyo se desbordaban y la infraestructura colapsaba, Pedro Sánchez mantenía una agenda internacional en la que figuraban actos en Bollywood, visitas culturales y una cena privada con su mujer.
Moncloa ha sido incapaz de aclarar públicamente el coste real del viaje, el objetivo del mismo, y si personas ajenas al Ejecutivo viajaron con el presidente en el avión oficial, alegando protección de datos.
La Ley de Seguridad Nacional: la gran ausente
Tal y como establece el Real Decreto 1150/2021, Sánchez tenía la potestad de declarar la emergencia como de interés para la Seguridad Nacional, activando protocolos de prevención y asistencia. Sin embargo, ni antes ni durante la tragedia se adoptó medida alguna. Solo se impulsó un decreto para controlar RTVE y se pronunció aquella célebre frase:
“Si Valencia necesita ayuda, que la pida”.
El Consejo recuerda que la información sobre riesgos climáticos era conocida desde el 25 de octubre, lo que habría permitido una actuación preventiva que jamás llegó.
Nueva derrota jurídica del Gobierno
Esta resolución del CTBG supone una segunda derrota institucional para Moncloa, que había intentado mantener en la sombra toda la documentación sobre el caso. La decisión da respaldo legal a la investigación de El Debate y sienta un precedente sobre la obligación de transparencia del Ejecutivo en situaciones de catástrofe nacional.