La tercera reunión de la mesa de negociación entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña ha sido larga -casi dos horas- y se ha cerrado con un acuerdo trascendente para el independentismo: el reconocimiento pleno por parte del Ejecutivo central de su política lingüística, en especial en lo que afecta al sistema educativo, lo que supone dar por enterrada la sentencia que obliga a la escuela catalana a impartir al menos un 25% de las clases en castellano.

La reunión ha sido calificada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, de "sincera", "amable" y "constructiva", pese a "partir de posiciones políticas muy diferentes". "Aquí empezamos a recoger frutos concretos". En concreto, dos: un acuerdo para superar la judicialización de la política y otro para impulsar la lengua catalana. "Hoy abandonamos los monólogos y abrazamos los acuerdos y el diálogo", ha recalcado el ministro.

En materia lingüística, Bolaños ha explicado que la protección del catalán es una obligación y, en consecuencia, se garantizará que todos los alumnos tengan su pleno conocimiento al igual que el español. De esta forma, ambos ejecutivos reconocen la autonomía de cada centro escolar para reforzar una y otra lengua a su contexto social y cultural, como recoge la ley del catalán aprobada por el 80% del Parlament.

También ha recalcado que se preservará el uso de la elección de idioma en las relaciones con las instituciones, para favorecer que la comunicación por parte de la administración sea recíproca en materia oral y escrita.

El titular de Presidencia ha disertado que se impulsará un cambio en el reglamento del Senado para habilitar el derecho de los parlamentarios a expresarse lenguas cooficiales, así como pedir a la Eurocámara que el catalán sea considerado como lengua de pleno uso en las sesiones plenarias.

Además, Bolaños ha citado el compromiso del Ejecutivo en fomentar la presencia de representantes de la Generalitat en todos aquellos foros internacionales centrados precisamente en materia lingüística.