Sánchez blinda sus comunicaciones con 14 nuevos equipos cifradores adjudicados a dedo

El Gobierno ha decidido reforzar de forma discreta —y por vía de adjudicación directa— la seguridad de las comunicaciones del presidente Pedro Sánchez, tras el escándalo del espionaje con Pegasus revelado en 2022. El Ministerio de Presidencia ha adquirido 14 nuevos equipos cifradores para uso del jefe del Ejecutivo y su equipo más próximo, con especial atención a los viajes internacionales, según publica The Objective.

La adjudicataria ha sido Epicom, una empresa 100% española y de participación pública, que desde 2023 compite en el mercado de la criptografía con Telefónica, Indra y Oesía. El contrato fue formalizado el 3 de septiembre, sin anuncio público de licitación, por un valor de 187.102 euros, bajo la modalidad de procedimiento negociado sin publicidad, amparado en razones de seguridad nacional.

Un giro estratégico hacia una tecnológica pública controlada por el Estado

A diferencia de adquisiciones anteriores, Moncloa ha optado ahora por prescindir de grandes multinacionales privadas y confiar el refuerzo de su seguridad digital a Epicom, una firma que ha experimentado una notable transformación desde que la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) entró en su accionariado en 2021 con un 40% de participación.

En 2023, Indra y Oesía se incorporaron a su capital, reforzando la vocación de la empresa como herramienta tecnológica estratégica al servicio del Estado. Epicom cuenta entre sus clientes con instituciones como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Casa Real, el CSIC, Navantia, Red Eléctrica, Airbus, y los principales ministerios del Gobierno.

Del escándalo Pegasus al control total de las comunicaciones presidenciales

El caso Pegasus estalló en 2022, cuando se constató que los teléfonos móviles del presidente Sánchez y de los ministros Margarita Robles (Defensa) y Fernando Grande-Marlaska (Interior) habían sido intervenidos mediante el software israelí. En el caso de Marlaska, se extrajeron más de 6 gigas de información confidencial, en plena crisis con Marruecos y con los indultos del procés sobre la mesa.

Desde entonces, el blindaje digital de La Moncloa se ha convertido en una prioridad silenciosa. Ya a finales de 2023, la Secretaría General de Administración Digital adjudicó a Telefónica Soluciones de Criptografía un contrato de 250 equipos cifradores, por más de 1,3 millones de euros, financiados en parte por fondos europeos. Ahora, es el propio ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien gestiona directamente esta nueva operación de menor escala pero alto valor simbólico y político.

Un procedimiento legal pero opaco: contratos sin publicidad

El uso del procedimiento negociado sin publicidad permite al Gobierno adjudicar contratos de forma directa, sin concurso público ni obligación de invitar a más empresas. En este caso, la medida se justifica por el interés esencial para la seguridad del Estado, según establece el artículo 168.a.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Sin embargo, fuentes jurídicas y parlamentarias cuestionan el recurrente uso de esta fórmula, que puede derivar en falta de transparencia, especialmente en un contexto político como el actual, marcado por la crisis política en España, la judicialización de figuras clave del Ejecutivo y la percepción creciente de instrumentalización de las instituciones del Estado.

Epicom: la joya cifrada del Estado tecnológico

El fortalecimiento de Epicom como proveedor clave no solo tiene implicaciones tecnológicas, sino también geoestratégicas y económicas. La empresa suministra actualmente sistemas a Presidencia, Defensa, Interior, Exteriores y organismos policiales como el CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado).

Su proyección futura apunta a convertirse en el eje de la soberanía digital española, un discurso que el Ejecutivo ha tratado de vincular con la necesidad de independencia tecnológica frente a amenazas externas. No obstante, los contratos adjudicados a dedo, su cercanía con altos cargos del Gobierno y la utilización del espionaje como justificación política han generado controversia.

Una operación de refuerzo en plena crisis de legitimidad

La adjudicación a Epicom se produce en un momento delicado para el Ejecutivo, con varios ministros señalados por la oposición, una Fiscalía General del Estado procesada, y una creciente desconfianza en la separación de poderes. En este clima, el blindaje digital de Pedro Sánchez adquiere un valor más político que técnico.

Aunque se trata de una inversión menor respecto a contratos anteriores, el uso del procedimiento excepcional, la falta de concurrencia competitiva, y el contexto institucional refuerzan la percepción de que el Ejecutivo utiliza recursos públicos para protegerse frente a riesgos reales, pero también frente a crisis internas y desgaste político.