ESPAÑA

Sánchez anuncia la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. / EP
El Gobierno aprobará en el próximo Consejo de Ministros un paquete de medidas destinado a reforzar la protección de los menores en el entorno digital

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, una medida sin precedentes en el país que irá acompañada de un endurecimiento del control sobre las plataformas digitales. El anuncio lo ha realizado durante su intervención ante el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos, que se celebra estos días en Dubái y reúne a una treintena de jefes de Estado y de Gobierno.

Según ha explicado el jefe del Ejecutivo, el objetivo de esta iniciativa es convertir las plataformas digitales en un entorno “seguro y saludable”, especialmente para niños y adolescentes. Sánchez ha avanzado que el Consejo de Ministros aprobará la próxima semana un paquete de medidas destinadas a proteger a los menores y a reforzar la responsabilidad legal de las grandes tecnológicas.

La prohibición afectará al acceso a redes sociales por parte de menores de 16 años y obligará a las plataformas a implantar sistemas de verificación de edad efectivos, con “barreras reales que funcionen”, para impedir que los menores puedan eludir los controles. El presidente ha subrayado que ya no bastará con mecanismos declarativos, sino que se exigirá una verificación robusta y trazable.

Sánchez ha insistido en que su Gobierno quiere acabar con la impunidad de las plataformas digitales. En este sentido, ha anunciado que los directivos de las redes sociales serán legalmente responsables de las infracciones que se cometan en los servicios que gestionan. “Quien diseña, controla y monetiza una plataforma debe responder también por los daños que cause”, ha señalado.

Entre las medidas anunciadas figura también la tipificación como delito de la manipulación de algoritmos y de la amplificación de contenido ilegal, una práctica que, según el presidente, contribuye a la propagación del odio, la desinformación y la polarización social. Sánchez ha explicado que estas conductas serán perseguidas penalmente cuando se demuestre que han sido utilizadas de forma deliberada para maximizar el impacto de contenidos ilícitos.

Además, el Gobierno estudiará junto a la Fiscalía posibles vías para investigar las infracciones legales que pudieran haber cometido plataformas como Grok, TikTok e Instagram, en relación con la difusión de contenidos nocivos o ilegales y con el funcionamiento de sus algoritmos de recomendación.

Otra de las iniciativas anunciadas es la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad de los contenidos digitales, que permitirá identificar lo que Sánchez ha denominado una “huella de odio y polarización”. Este mecanismo busca facilitar el seguimiento del origen y la difusión de mensajes que inciten al odio o vulneren la ley, así como mejorar la capacidad de actuación de las autoridades.

El presidente ha defendido que estas medidas no suponen un ataque a la libertad de expresión, sino una actualización del marco legal para adaptarlo a los riesgos del entorno digital. “Así como protegemos a los menores en el mundo físico, debemos hacerlo también en el mundo digital”, ha afirmado.

La decisión anunciada por España se enmarca en una tendencia internacional creciente. Apenas unos días antes, la Asamblea Nacional francesa aprobó la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 15 años, convirtiendo a Francia en el primer país europeo en adoptar una medida de este tipo. A nivel global, Australia fue el primer Estado en implantar una prohibición similar, fijando el límite de edad en los 16 años.

Con este anuncio, España se situaría entre los países más restrictivos en materia de protección digital de menores, abriendo un debate sobre el papel de las tecnológicas, la responsabilidad de los gobiernos y los límites del acceso de niños y adolescentes a las redes sociales. El Ejecutivo prevé que las nuevas normas entren en vigor tras su tramitación parlamentaria, en un contexto de creciente preocupación social por el impacto de las plataformas digitales en la salud mental, la seguridad y el desarrollo de los menores.