Sánchez se anticipa al segundo informe de la UCO con una remodelación inminente
La estrategia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atraviesa un momento de redefinición interna. Según diversas fuentes gubernamentales citadas por The Objective, Sánchez estaría preparando una crisis de Gobierno con el objetivo de reconfigurar su equipo ministerial antes de que se conozcan nuevas implicaciones judiciales en el denominado caso PSOE. El propósito inmediato sería anticiparse a las consecuencias del segundo informe de la UCO, aún pendiente, y evitar el efecto de arrastre institucional que ya provocó la imputación de Santos Cerdán.
Torres, en el foco del próximo informe
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, encabeza la lista de posibles salidas. El Tribunal Supremo habría solicitado a la UCO la recopilación de comunicaciones entre el ministro, José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Las pesquisas apuntan a una supuesta implicación en reuniones mantenidas en 2024 para facilitar una operación de refino de petróleo venezolano desde Canarias, a través de la empresa Villafuel SL. Esta empresa habría recibido una licencia de operadora de hidrocarburos durante la etapa de Ábalos como ministro, lo que sitúa el foco sobre las gestiones realizadas en el ámbito gubernamental.
Testimonios recogidos por el medio sostienen que Torres habría participado en al menos cuatro encuentros con empresarios vinculados a esta operación, dos en Canarias y dos en Madrid. Las reuniones tenían como objeto posibilitar la sustitución de República Dominicana como enclave logístico del petróleo venezolano, por territorio español.
Elma Saiz: vínculos con Cerdán y adjudicaciones en Navarra
Otra figura ministerial señalada es Elma Saiz, titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Su amistad con Santos Cerdán, además de su papel en el Gobierno de Navarra, ha colocado su permanencia en el Ejecutivo en cuestión. Entre los aspectos observados por los medios se encuentran su relación con la empresa Servinabar 2000 —adjudicataria de obra pública por 76 millones de euros— y su participación indirecta en decisiones sobre la Mesa de Contratación de los túneles de Belate, donde se cuestionó el aplazamiento de la jubilación de uno de los técnicos clave.
La reciente dimisión de Ramón Alzórriz, ex número dos del PSOE navarro, tras conocerse que su pareja trabajó en la misma empresa, ha contribuido a aumentar la presión política.
Movimiento de piezas en Moncloa
Según las fuentes consultadas por The Objective, Sánchez habría considerado inicialmente realizar una remodelación de Gobierno en septiembre. Sin embargo, la evolución del caso judicial ha precipitado este calendario, y los cambios podrían anunciarse en julio o incluso en los próximos días.
En este contexto, Salvador Illa ha emergido como figura central. El presidente de la Generalitat de Cataluña se reunió este viernes con Sánchez en La Moncloa en una conversación de carácter privado, ajena a la agenda oficial. El encuentro, que coincidió con los registros judiciales en Ferraz por parte de la UCO, ha sido interpretado como un intento de Sánchez de medir el impacto de la situación y reforzar alianzas internas.
La reorganización incluiría también cambios de carácter técnico y comunicativo: se menciona a Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, como perfil con proyección. Asimismo, podría producirse el ascenso del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a vicepresidente, así como el mantenimiento en el cargo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, a quienes se atribuye una ejecución eficaz del operativo judicial pese a críticas internas por no haber intervenido en las actuaciones de la UCO.
Más allá de lo político: blindaje institucional frente al desgaste
La acumulación de causas judiciales en torno a antiguos y actuales miembros del PSOE, los indicios de corrupción en licitaciones públicas y las conexiones empresariales en regiones clave como Navarra o Canarias, han forzado a Moncloa a considerar medidas preventivas antes de nuevos golpes mediáticos o judiciales. Fuentes cercanas a Presidencia señalan que estas decisiones responden a una necesidad de «extirpar el cáncer» y «no aplicar paños calientes».