El caso Barrabés salpica a Sánchez: Hacienda reconoce adjudicaciones irregulares
La Intervención General del Estado (IGAE) ha elaborado un informe pericial en el que se reconocen «ilegalidades» en varios contratos públicos adjudicados por la entidad Red.es al Grupo Barrabés, que contó con el respaldo de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El documento, fechado el 2 de agosto, ha sido remitido a la Fiscalía Europea, que investiga si hubo fraude en el uso de fondos comunitarios destinados a programas de formación y empleo juvenil, según publica OkDiario.
Contratos bajo sospecha
El informe analiza tres adjudicaciones realizadas entre 2020 y 2021, por un importe total de 8,4 millones de euros, que recayeron en la unión temporal de empresas formada por Innova Next SL (Grupo Barrabés) y The Valley Digital Business School. Se trataba de proyectos de formación digital para jóvenes y desempleados, financiados parcialmente con el Fondo Social Europeo.
De acuerdo con las conclusiones del perito, las adjudicaciones se resolvieron mediante criterios «arbitrarios» y «contrarios al principio de igualdad», lo que supuso un beneficio injusto para la UTE adjudicataria en detrimento de otros licitadores.
Irregularidades detectadas
El informe de la Intervención General detalla múltiples irregularidades en el procedimiento de contratación:
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Valoraciones técnicas indebidas: La Mesa de Contratación asumió funciones que correspondían legalmente a un Comité de Expertos, lo que vulnera la normativa.
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Criterios no transparentes: Se otorgaron puntuaciones a aspectos no previstos en los pliegos, como currículos de profesores o cartas de apoyo de empresas tecnológicas como Microsoft, IBM y Amazon, que eran simples declaraciones de intención sin valor contractual.
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Alteración de las fórmulas económicas: Aunque se anunció que el criterio de precio tendría un peso del 60% frente al 40% técnico, las fórmulas aplicadas redujeron esa proporción al 42,86% económico y 57,14% técnico, lo que restó importancia a las ofertas más competitivas.
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Exclusión irregular de competidores: La UTE AWAKELAB fue apartada por supuesta baja calidad técnica tras una incidencia informática que Red.es atribuyó a la no recepción de documentación, a pesar de que la empresa la había presentado en plazo.
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Planes de igualdad: Se exigió a las empresas licitadoras disponer de Planes de Igualdad, incluso cuando no tenían obligación legal de presentarlos. El adjudicatario aportó únicamente un borrador elaborado después del cierre de solicitudes.
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Documentación modificada: El peritaje señala que algunos informes de valoración fueron alterados con posterioridad a su firma y a las reuniones de la Mesa de Contratación, aunque la Unidad de Ciberdelincuencia de la Guardia Civil no halló pruebas de manipulación del contenido.
Impacto político y judicial
El documento sostiene que los pliegos de los contratos transmitieron «información errónea» a los participantes y que las prácticas detectadas podrían constituir un fraude de Ley. Por este motivo, la Fiscalía Europea, bajo la dirección de Ignacio de Lucas, mantiene abiertas diligencias para determinar el alcance de las irregularidades y posibles responsabilidades en la gestión de fondos europeos.
La investigación sitúa en el centro del debate a Begoña Gómez, quien firmó cartas de apoyo que fueron tenidas en cuenta en las valoraciones técnicas, pese a no estar contempladas en los criterios oficiales. Estas circunstancias han generado dudas sobre la neutralidad y transparencia del proceso.
Riesgos para la contratación pública
El caso evidencia las debilidades en los mecanismos de control de la contratación pública en España, especialmente en proyectos financiados con fondos comunitarios. El informe concluye que la falta de transparencia y la aplicación de criterios opacos comprometen la igualdad de oportunidades entre empresas y ponen en riesgo la correcta utilización de recursos destinados a fomentar la formación y el empleo juvenil.
La polémica se suma a otros procedimientos abiertos relacionados con la esposa del presidente del Gobierno y mantiene bajo presión al Ejecutivo en materia de transparencia y rendición de cuentas.