El robo que marcó a la familia de Begoña Gómez: dinero oculto y escuchas ilegales anuladas por el Supremo
Los ladrones se hicieron pasar por policías y maniataron a la guardesa de la vivienda; el dinero procedía presuntamente de locales de alterne familiares
El 25 de febrero de 1992, cuatro individuos asaltaron Villa Oporto, una lujosa finca situada en la urbanización La Berzosilla, en Torrelodones (Madrid), propiedad de la familia de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Los asaltantes, que se identificaron falsamente como agentes de la Policía Nacional, redujeron y maniataron a la guardesa de la vivienda antes de apoderarse de 31 millones de pesetas y un millón de dólares en efectivo, lo que equivale a unos 1.047.600 euros actuales.
El dinero, según el sumario judicial, se encontraba oculto en jarrones de barro en un desván y procedía, presuntamente, de los beneficios de varios prostíbulos de Madrid y Segovia que la familia del propietario gestionaba a través de la sociedad San Bernardo 36 S.L.
El asalto en Villa Oporto
El robo se produjo alrededor de las 14:30 horas, cuando los cuatro asaltantes accedieron al jardín de la finca tras franquear el portón principal. Al ser descubiertos por la guardesa, uno de ellos mostró una placa policial falsa, asegurando que debían realizar un “registro judicial”.
Bajo amenaza de ser acusada de “obstrucción a la justicia”, la mujer les permitió el acceso. Una vez dentro, la inmovilizaron con cuerdas y cinta adhesiva, mientras dos de los delincuentes vigilaban y los otros dos subían al desván. Allí hallaron el dinero escondido en “cacharros de barro”.
Tras sustraer el dinero —31 millones de pesetas y un millón de dólares, de los cuales ocho millones correspondían a un socio del propietario—, los falsos agentes huyeron, dejando a la guardesa maniatada. No se pudo determinar cuánto tiempo tardó en liberarse para pedir ayuda.
Los condenados y las irregularidades de la investigación
La Guardia Civil recibió el aviso a las 15:30 horas y abrió diligencias. El propietario, que se encontraba en Benalmádena (Málaga), fue informado del asalto por su secretaria.
Tres de los implicados —dos extremeños, un cántabro y un marroquí, de entre 30 y 38 años— fueron finalmente condenados a cuatro años, dos meses y un día de prisión por robo con intimidación, además de seis meses y un día por usurpación de funciones públicas.
Sin embargo, la investigación policial fue duramente cuestionada. Según la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 2002, las intervenciones telefónicas realizadas durante la instrucción carecían de autorización judicial válida, lo que vulneró el artículo 18.3 de la Constitución, relativo al secreto de las comunicaciones.
“No consta en modo alguno que las escuchas se realizasen con autorización judicial debidamente fundada ni que fueran controladas por el juez instructor”, recoge el fallo.
El Supremo declaró “ilegítimas” las escuchas y anuló las pruebas derivadas de ellas, lo que permitió la absolución de uno de los acusados.
A los condenados restantes se les impuso, además, el pago solidario de 32 millones de pesetas en concepto de indemnización. El tribunal aplicó una atenuante por dilaciones indebidas, dado que transcurrieron nueve años entre el robo y la sentencia firme.
Una finca de lujo en La Berzosilla
Villa Oporto es una propiedad de 1.016 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 6.250 metros, con piscina, pista de tenis, bodega y biblioteca, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Torrelodones.
La finca fue adquirida a finales de los años 70 por Francisco Enrique Gómez Serrano, tío de Begoña Gómez, quien la pagó mediante hipoteca y posteriormente la liquidó con los beneficios obtenidos de negocios de hostelería y prostitución, según consta en documentos judiciales.
El inmueble, de estructura en hormigón armado y hierro con cubierta de pizarra, se convirtió durante años en símbolo del ascenso económico de la familia Gómez, aunque también en objeto de controversia por el origen de parte de los fondos con los que se costeó.