Robar desde dentro: la SEPI convertida en una oficina de mordidas del PSOE
La imagen era impecable: una alta directiva socialista con brillante trayectoria en rescates empresariales y con presencia en consejos de administración de importantes compañías públicas. Sin embargo, los documentos revelan otra realidad: comisiones del 2%, contratos desde consultoras pantalla, y uso de correos personales para evitar rastros. Todo esto mientras seguía trabajando dentro del Fondo de Reestructuración de la SEPI.
De gestora pública a intermediaria privada: una trama de doble uso del poder
María Jesús Garrido Solís, subdirectora del Fondo de Reestructuración Empresarial de la SEPI hasta 2024, habría gestionado junto a Vicente Fernández —expresidente del holding público— operaciones para obtener financiación pública a través del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP). A cambio, exigían una estructura fija de honorarios: 7.000 euros mensuales más IVA por servicios de consultoría y un 2% de prima por éxito en caso de concesión.
Conflicto de intereses: comisiones desde el corazón del Estado
Mientras mantenía su cargo como subdirectora, Garrido promovía contratos desde Allies & Altera, consultora dirigida por Vicente Fernández. Simultáneamente, el esquema incluía el uso de la sociedad Mediaciones Martínez SL —luego renombrada como Promociones Ku-ma—, ya vinculada por la UCO a otras piezas investigadas en el caso de la SEPI.
La paradoja institucional es evidente: quien evaluaba los expedientes de rescate participaba a la vez en consultoras que cobraban por garantizar esos mismos fondos públicos. Es el equivalente a jugar en los dos lados de una mesa pública.
Documentación, contratos y uso de canales opacos
Los contratos revelados indican un patrón de actuación continuado desde 2023. A pesar de su puesto oficial, Garrido utilizaba correo Gmail y aplicaciones de mensajería para canalizar las ofertas a empresas privadas. En estas comunicaciones, no ocultaba su estatus en la SEPI, presentándolo como una garantía para desbloquear fondos públicos.
Uno de los contratos enviados desde Allies & Altera incluye la firma de José Joaquín Martínez Mariscal, actual gestor del patrimonio de la familia Hidalgo en República Dominicana. Su intervención abre nuevas preguntas sobre conexiones internacionales en el uso indebido de fondos españoles.
Una carrera construida sobre fondos públicos estratégicos
Garrido presumía en su CV de haber gestionado rescates clave como los de Volotea, Abengoa o Soho Hoteles. Estos expedientes fueron resueltos a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), dotado con miles de millones de euros. Según fuentes judiciales, gran parte del conocimiento de Garrido sobre los plazos y criterios del fondo fue utilizado en beneficio propio a través de sus consultoras paralelas.
Red de vínculos: desde Ferraz hasta la calle Serrano
Las conexiones entre Garrido, Fernández y otros actores investigados se entrelazan en una estructura clientelar que apunta a nombres como Antxon Alonso y al entorno de Santos Cerdán. Muchas de estas sociedades tienen sede o relación con oficinas en la calle Serrano 76, domicilio compartido con bufetes legales vinculados a operaciones en Suiza.
Una lección sobre el uso perverso del poder público
El caso de María Jesús Garrido pone de manifiesto un patrón cada vez más alarmante en el ecosistema político español: el uso simultáneo de cargos públicos y estructuras privadas para fines lucrativos. La instrumentalización de la SEPI para enriquecimiento personal exige una respuesta penal y legislativa clara. No puede haber espacio para quienes —desde dentro del Estado— convierten el interés público en patrimonio propio.