SENTENCIA PROCÉS
La revocación del tercer grado a los presos es una "venganza" dice el Independentismo
Casado ha reclamado que no se intenten "sortear las decisiones de un tribunal que es garante, no sólo de la ley, sino de la propia democracia".
10:19 05/12/20
La palabra venganza ha sido la más utilizada por los partidos y entidades independentistas catalanes y el propio Govern este viernes ante la decisión del Tribunal Supremo de revocar el tercer grado concedido por la Generalitat a los 9 condenados a prisión por el "procés".
A esta idea se ha sumado En Comu Podem y su portavoz en el Congreso de los Diputados, Jaume Asens, mientras otras formaciones políticas han utilizado la habitual fórmula de observar respeto a las decisiones judiciales.
El vicepresidente del Govern catalán, Pere Aragonès, ha denunciado una "venganza política" del Supremo, ante lo que ha abogado por responder con "más política y democracia que nunca".
Aragonès ha reaccionado así ante una decisión del Tribunal Supremo, que afecta principalmente a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a la exconsellera Dolors Bassa, ya que al resto de presos ya se les había retirado el tercer grado previamente.
"El Tribunal Supremo persiste en la sed de venganza, un Supremo controlado por la derecha judicial", ha denunciado el también coordinador de ERC.
Precisamente, en la tarde de este viernes las cárceles de Puig de les Basses, en Figueres (Girona), y de Wad Ras, en Barcelona, han recibido la notificación del Supremo para que comuniquen a Forcadell y Bassa que deben reingresar en la prisión este mismo viernes.
La consellera catalana de Justicia, Ester Capella, ha sido tajante al hablar de la sentencia en la redes sociales: "El Supremo, que es el tribunal más politizado de Europa y más cuestionado en Europa, enmienda a los juzgados especializados en el ámbito penitenciario. Todos los juzgados habían avalado los terceros grados de todos los presos. ¡Todos!".
El diputado de la CUP Vidal Aragonès ha ido más allá la hablar de "venganza política", "persecución ideológica" y de intento de "acabar con el Estado de derecho".
La mayoría de presos independentistas -condenados con penas que van del os 9 a los 13 años de cárcel por delitos de sedición- se han expresado en similares términos, por ejemplo el líder de ERC y exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, que ha dicho en Twitter que "el Tribunal Supremo dicta venganza de nuevo".
De "pura venganza" ha calificado asimismo la decisión del Supremo el presidente del Parlament, Roger Torrent, y ha instado al Gobierno a impulsar una amnistía.
También la presidenta de Catalunya en Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, ha hablado de "más injusticia y venganza".
Mientras, su compañero de partido y presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Jaume Asens, se ha alineado con esa opinión y ha escrito en Twitter: "Esto no es un acto de justicia, sino de venganza de un tribunal que no es competente para resolver el tercer grado de los presos".
"Hay que sacar el conflicto del terreno del castigo y llevarlo a la política", ha apuntado Asens.
Desde el Gobierno, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se ha referido a la sentencia del Supremo precisamente para distanciarla del terreno político y ha señalado que "cualquier relación que mantengamos con otra formación política establece una línea roja de acatamiento de la ley y las resoluciones judiciales".
Por su lado, el PSC, por boca de su portavoz adjunto en el Parlament, Ferran Pedret, ha dicho que el partido "respeta absolutamente" las decisiones judiciales y que esperan, en todo caso, que la decisión del Supremo se haya tomado teniendo en cuenta "la legalidad en lo que respecta a las leyes penitenciarias".
Tras esta decisión del Supremo, los presos independentistas tampoco podrán gozar del régimen flexible que les permitía el artículo 100.2 del reglamento penitenciario catalán, por no estar conectado con la reinserción.
El presidente del PP, Pablo Casado, de visita en Roses (Girona) ha hablado también del respeto de su formación "a las decisiones judiciales", y ha pedido al Gobierno y al resto de formaciones políticas que hagan "lo mismo".
Casado ha reclamado que no se intenten "sortear las decisiones de un tribunal que es garante, no sólo de la ley, sino de la propia democracia".
"En España, debe seguir habiendo independencia judicial y, por tanto, separación de poderes y, en este caso, pensamos que todos los españoles somos iguales ante la ley", ha zanjado Casado.
Por su lado, el líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha asegurado que con la revocación del tercer grado a los condenados por delitos como sedición o malversación, el Supremo ha señalado que "los políticos presos por el golpe en Cataluña no pueden tener privilegios".
"¿Seguirán defendiendo los señores del PSOE y Podemos que los que se saltaron las leyes sean más que otros por tener "amiguetes" en el Govern?", se ha preguntado igualmente Carrizosa en un tuit. ![Publicidad 171034]()
A esta idea se ha sumado En Comu Podem y su portavoz en el Congreso de los Diputados, Jaume Asens, mientras otras formaciones políticas han utilizado la habitual fórmula de observar respeto a las decisiones judiciales.
El vicepresidente del Govern catalán, Pere Aragonès, ha denunciado una "venganza política" del Supremo, ante lo que ha abogado por responder con "más política y democracia que nunca".
Aragonès ha reaccionado así ante una decisión del Tribunal Supremo, que afecta principalmente a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a la exconsellera Dolors Bassa, ya que al resto de presos ya se les había retirado el tercer grado previamente.
"El Tribunal Supremo persiste en la sed de venganza, un Supremo controlado por la derecha judicial", ha denunciado el también coordinador de ERC.
Precisamente, en la tarde de este viernes las cárceles de Puig de les Basses, en Figueres (Girona), y de Wad Ras, en Barcelona, han recibido la notificación del Supremo para que comuniquen a Forcadell y Bassa que deben reingresar en la prisión este mismo viernes.
La consellera catalana de Justicia, Ester Capella, ha sido tajante al hablar de la sentencia en la redes sociales: "El Supremo, que es el tribunal más politizado de Europa y más cuestionado en Europa, enmienda a los juzgados especializados en el ámbito penitenciario. Todos los juzgados habían avalado los terceros grados de todos los presos. ¡Todos!".
El diputado de la CUP Vidal Aragonès ha ido más allá la hablar de "venganza política", "persecución ideológica" y de intento de "acabar con el Estado de derecho".
La mayoría de presos independentistas -condenados con penas que van del os 9 a los 13 años de cárcel por delitos de sedición- se han expresado en similares términos, por ejemplo el líder de ERC y exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, que ha dicho en Twitter que "el Tribunal Supremo dicta venganza de nuevo".
De "pura venganza" ha calificado asimismo la decisión del Supremo el presidente del Parlament, Roger Torrent, y ha instado al Gobierno a impulsar una amnistía.
También la presidenta de Catalunya en Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, ha hablado de "más injusticia y venganza".
Mientras, su compañero de partido y presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Jaume Asens, se ha alineado con esa opinión y ha escrito en Twitter: "Esto no es un acto de justicia, sino de venganza de un tribunal que no es competente para resolver el tercer grado de los presos".
"Hay que sacar el conflicto del terreno del castigo y llevarlo a la política", ha apuntado Asens.
Desde el Gobierno, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se ha referido a la sentencia del Supremo precisamente para distanciarla del terreno político y ha señalado que "cualquier relación que mantengamos con otra formación política establece una línea roja de acatamiento de la ley y las resoluciones judiciales".
Por su lado, el PSC, por boca de su portavoz adjunto en el Parlament, Ferran Pedret, ha dicho que el partido "respeta absolutamente" las decisiones judiciales y que esperan, en todo caso, que la decisión del Supremo se haya tomado teniendo en cuenta "la legalidad en lo que respecta a las leyes penitenciarias".
Tras esta decisión del Supremo, los presos independentistas tampoco podrán gozar del régimen flexible que les permitía el artículo 100.2 del reglamento penitenciario catalán, por no estar conectado con la reinserción.
El presidente del PP, Pablo Casado, de visita en Roses (Girona) ha hablado también del respeto de su formación "a las decisiones judiciales", y ha pedido al Gobierno y al resto de formaciones políticas que hagan "lo mismo".
Casado ha reclamado que no se intenten "sortear las decisiones de un tribunal que es garante, no sólo de la ley, sino de la propia democracia".
"En España, debe seguir habiendo independencia judicial y, por tanto, separación de poderes y, en este caso, pensamos que todos los españoles somos iguales ante la ley", ha zanjado Casado.
Por su lado, el líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha asegurado que con la revocación del tercer grado a los condenados por delitos como sedición o malversación, el Supremo ha señalado que "los políticos presos por el golpe en Cataluña no pueden tener privilegios".
"¿Seguirán defendiendo los señores del PSOE y Podemos que los que se saltaron las leyes sean más que otros por tener "amiguetes" en el Govern?", se ha preguntado igualmente Carrizosa en un tuit.
