El responsable de Carreteras de Ábalos impulsó las obras del tramo del accidente
El exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, uno de los altos cargos del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos, desempeñó un papel clave en la adjudicación de las obras ferroviarias ejecutadas en la misma zona donde se produjo el accidente de Adamuz (Córdoba), con decenas de fallecidos y más de un centenar de heridos. Herrero está siendo investigado por la UCO por su presunta implicación en una trama de adjudicaciones amañadas a cambio de comisiones ilegales que salpica al PSOE y que se instruye en el Tribunal Supremo, según publica El Debate.
Según la documentación a la que ha tenido acceso El Debate, Herrero participó directamente en decisiones administrativas que permitieron que la constructora Azvi, integrada en la UTE adjudicataria, se hiciera con contratos millonarios en el ámbito ferroviario andaluz. Actas y resoluciones oficiales de organismos dependientes del Ministerio de Transportes sitúan al ex alto cargo en el núcleo de las adjudicaciones clave relacionadas con la red ferroviaria en Andalucía.
En una sesión del órgano de decisión de ADIF celebrada en la primavera de 2022, Herrero votó a favor de la propuesta que dio luz verde a la ejecución de obras en un tramo que incluía infraestructuras críticas del entorno del Puesto de Banalización de Adamuz, la actual «zona cero» del accidente. La adjudicación se formalizó el 28 de abril de 2022 por 52,5 millones de euros, bajo un contrato concebido como cerrado y sin posibilidad de modificaciones, con un límite de ampliaciones fijado expresamente en cero euros.
Sin embargo, ese marco contractual se alteró. El actual ministro de Transportes, Óscar Puente, autorizó el 3 de marzo de 2025 una ampliación presupuestaria de 6,2 millones de euros y una prórroga de doce meses, elevando el coste total hasta 58,7 millones. La modificación se aprobó sin una justificación técnica detallada y se mantuvo estratégicamente por debajo del 20 % del importe inicial, umbral que habría obligado a recabar autorización adicional y dictamen del Consejo de Estado.
El «impuesto» interno del PSOE
La UCO sitúa a Herrero en el engranaje central de la presunta red corrupta. Los investigadores sostienen que presionó a técnicos de las mesas de contratación para orientar concursos públicos hacia determinadas empresas. Además, las diligencias reflejan su vinculación con el denominado «impuesto» interno del PSOE, una aportación económica solicitada a cargos públicos. Conversaciones intervenidas muestran cómo se le advirtió de que «le van a pedir el impuesto» desde la gerencia del partido, en pleno proceso de adjudicación de grandes contratos.
A ello se suma una investigación patrimonial: Herrero habría utilizado una sociedad instrumental para adquirir 29 hectáreas de terrenos en Cádiz mientras ocupaba responsabilidades públicas, en zonas de alto valor estratégico. Un perfil que refuerza el foco judicial sobre su papel en la trama y que vuelve a poner bajo escrutinio la gestión de las obras públicas en la etapa de Ábalos.