La reforma judicial de Sánchez blinda al fiscal imputado y abre la puerta al control político de los jueces

El Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado esta semana un anteproyecto de reforma judicial que, lejos de fortalecer la independencia de los tribunales como proclama el Ejecutivo, amplía su capacidad de intervención sobre el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal. Así lo alertan cinco de las principales asociaciones de jueces y fiscales —todas salvo las alineadas con el oficialismo—, que ven en la propuesta una deriva sin precedentes en términos de control ideológico de las estructuras judiciales del Estado.

El ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, ha defendido la reforma como un paso “europeísta”. Sin embargo, el texto legislativo pone las bases para blindar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y abre un canal paralelo para el acceso discrecional de casi un millar de jueces y fiscales interinos, con criterios que —según denuncian los operadores jurídicos— sacrifican el mérito y la capacidad en favor de la afinidad política.

Un "ajuste técnico" con consecuencias estructurales

El texto, según su redacción actual, modifica aspectos esenciales del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) y del funcionamiento del propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como:

• El sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal

• La composición de las Salas de Gobierno

• El control de las becas a opositores, ahora en manos del Ejecutivo

Más allá del contenido explícito, lo que preocupa a la comunidad jurídica es el trasfondo del momento político. La iniciativa se activa cuando el Gobierno enfrenta causas abiertas que afectan directamente al círculo de Pedro Sánchez, incluyendo a su esposa (Begoña Gómez), su hermano (David Sánchez) y al propio fiscal general del Estado, quien permanece en el cargo pese a estar imputado por revelación de secretos.

“Una mano de pintura para Europa”: El riesgo de una fiscalía politizada

El nuevo modelo, en palabras de las asociaciones judiciales, institucionaliza una fiscalía vertical al servicio del poder político. El texto no contempla ninguna garantía de cesamiento automático del fiscal general en caso de procesamiento. Tampoco refuerza los controles internos del Consejo Fiscal.

Peor aún, amplía su margen de maniobra, al tiempo que elimina contrapesos clave en el diseño institucional de la Fiscalía. Se aleja así de los modelos europeos a los que dice aspirar.

“No hay una sola línea que prevea la salida automática del fiscal general imputado”, denuncian fuentes fiscales.

Rechazo unánime (salvo el oficialismo judicial)

Las asociaciones con mayor representatividad —la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF)— han emitido comunicados conjuntos denunciando que el anteproyecto no persigue una mejora técnica ni organizativa, sino un “asalto institucional” con finalidad política.

Mientras tanto, las dos únicas asociaciones alineadas con el Gobierno —Juezas y Jueces por la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales— han respaldado el texto sin reparos, confirmando el desequilibrio interno en el sistema de representación judicial.

Un modelo de acceso a medida del Ejecutivo

Una de las reformas más polémicas es la introducción de un “acceso excepcional” a la judicatura y fiscalía para personal interino, sin pasar por la oposición tradicional. Esto supone regularizar casi mil plazas sin concurso objetivo, lo que afectará directamente a una cuarta parte del cuerpo judicial.

Paralelamente, el Ejecutivo se arroga el control total del sistema de becas públicas para opositores, a través de un nuevo centro estatal de formación judicial dependiente del Ministerio de Justicia. En la práctica, esto politiza la cantera judicial, en un momento en que se cuestiona el uso partidista de recursos institucionales.

Un patrón reconocible: blindajes, clientelismo y asfixia institucional

La reforma judicial debe leerse, afirman fuentes jurídicas y constitucionalistas, en el contexto de otras decisiones tomadas por el Gobierno en los últimos meses: el uso de decretos para legislar sin pasar por el Congreso, la reforma del reglamento del Senado para limitar la fiscalización, y el despliegue de cargos afines en órganos reguladores y empresas públicas.

El denominador común: la consolidación del poder en torno a un núcleo reducido, la neutralización de los contrapesos institucionales y el debilitamiento del principio de separación de poderes.

El anteproyecto de ley de reforma del Poder Judicial no refuerza la independencia judicial. Al contrario: según todas las fuentes judiciales independientes consultadas, la debilita estructuralmente, al abrir la puerta al clientelismo institucional, blindar cargos clave investigados y colonizar áreas tradicionalmente impermeables al poder político.

De consolidarse esta reforma, España daría un paso atrás en la arquitectura democrática, alineándose más con modelos judiciales intervenidos, como Hungría o Polonia, que con los estándares de los países fundadores de la Unión Europea.