Puigdemont intenta regresar a España sin ser detenido y Conde-Pumpido tiene la última palabra

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española desde 2017 y eurodiputado por Junts per Catalunya, ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) que suspenda de forma cautelarísima —es decir, inmediata y sin audiencia previa— la orden de detención nacional que todavía pesa sobre él y que fue mantenida por el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, tras considerar que el delito de malversación agravada por el que se le procesa no queda cubierto por la Ley de Amnistía.

La petición ha sido formalizada esta semana por su abogado, Gonzalo Boye, al presentar un recurso de amparo ante el tribunal de garantías en el que se solicita expresamente que se adopte esa medida urgente, alegando el riesgo de “perjuicios irreparables” en caso de que finalmente se le reconozca el derecho al amparo. El movimiento jurídico coloca al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, en el epicentro del conflicto político-judicial más delicado de la legislatura, dado que la eventual suspensión de la orden permitiría a Puigdemont regresar a España sin ser detenido.

La batalla jurídica por la amnistía: ¿quién interpreta la ley?

El recurso de Puigdemont llega después de que el Supremo decidiera no aplicarle la amnistía en su actual redacción, argumentando que el desvío de fondos públicos destinado a financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre no encajaba en los supuestos exonerables de la norma. Según Boye, la decisión del magistrado Llarena constituye una “interpretación aberrante” —expresión jurídica que alude a una desviación arbitraria del sentido razonable del texto legal— de la ley de amnistía.

Boye no se limita a discrepar jurídicamente: en el recurso identifica hasta doce vulneraciones constitucionales, incluyendo el derecho a la libertad personal, el derecho a la participación política en condiciones de igualdad, el principio de seguridad jurídica, y la eficacia normativa. Cita específicamente los artículos 24 y 25 de la Constitución, e insiste en que una interpretación “voluntarista y extensiva” de las exclusiones de la ley no puede, en ningún caso, justificar la restricción de libertades fundamentales, especialmente la de circular por el territorio nacional y la Unión Europea.

Un pulso institucional con repercusión europea

El movimiento de Puigdemont no puede entenderse sin el contexto: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha comenzado a analizar esta misma semana las primeras cuestiones prejudiciales sobre la aplicación de la amnistía, planteadas por órganos jurisdiccionales españoles como el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. En ese sentido, la defensa del líder independentista también busca alinear el discurso con la doctrina europea, sabedor de que cualquier fallo del TJUE tendrá efectos vinculantes en España.

Mientras tanto, el recurso de amparo en el TC se convierte en un test de estrés jurídico y político para un órgano cuya actual composición —marcada por la mayoría progresista surgida tras la renovación impulsada por el Gobierno— ha sido señalada desde diversos sectores por su supuesta falta de neutralidad en decisiones de calado institucional.

Conde-Pumpido, en el centro de la decisión

La medida cautelarísima solicitada será resuelta en primer término por una sección del TC, pero el peso simbólico y real de la presidencia de Conde-Pumpido, exfiscal general del Estado y hombre de máxima confianza del Gobierno, es indiscutible. Hasta la fecha, Conde-Pumpido ha ejercido un papel decisivo en el respaldo constitucional a todas las iniciativas legislativas del Ejecutivo, incluidas varias de gran sensibilidad política.

Fuentes jurídicas consultadas por El Debate advierten que la decisión sobre esta medida “no será técnica, sino política”, y subrayan que “el regreso del líder de Junts a España depende más del calendario parlamentario que de las coordenadas judiciales”. En otras palabras: lo que el Gobierno pactó con Puigdemont para obtener su apoyo en la investidura puede tener ahora una traducción jurídica a través del TC.

Junts marca el ritmo: sin más concesiones, no hay apoyo

El retorno de Puigdemont, o su capacidad de moverse por territorio español sin ser detenido, es una de las exigencias clave de Junts en la actual legislatura. La formación ha advertido públicamente que la estabilidad del Ejecutivo de Sánchez “no está garantizada” y que el presidente “vive en una prórroga que no durará cuatro años”.

Así lo expresó la portavoz parlamentaria del partido, Míriam Nogueras, al exigir “hechos, no gestos” al PSOE y reiterar que “no se puede jugar con el tiempo político de Catalunya”. En esa línea, el regreso físico de su líder a territorio español sin pasar por prisión, ni siquiera de forma provisional, se ha convertido en un símbolo de restitución política para el independentismo.

El Supremo se defiende

Desde el alto tribunal, la posición del juez Llarena ha sido clara: la malversación agravada no queda amparada por la amnistía en su redacción actual, pues se trata de un delito que afectó a los intereses financieros del Estado. La doctrina europea —por ejemplo, en la jurisprudencia derivada del caso Taricco— refuerza esta lectura, que también es compartida por parte de la doctrina constitucionalista.

No obstante, el Supremo ha sido blanco de ataques políticos por parte del entorno independentista. Puigdemont llegó a calificar al Alto Tribunal de “sedicioso” y acusó a sus magistrados de “forzar las costuras del Estado de derecho”, en una serie de declaraciones que, de nuevo, acentúan el carácter político de su estrategia.