El PSOE solicitó ayuda para desacreditar al jefe de la UCO que investiga al entorno de Sánchez

Según revela El Confidencial, una operativa del PSOE vinculada a Ferraz y Moncloa, María Leire Díez Castro, se reunió a través de videoconferencia con el empresario Alejandro Hamlyn, presidente del grupo energético Hafesa e imputado en la Audiencia Nacional por fraude fiscal. Durante ese encuentro, celebrado en febrero, Díez pidió a Hamlyn información comprometedora sobre el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, quien dirige las investigaciones en curso sobre Begoña Gómez, David Sánchez, el caso Koldo y otras causas sensibles para el Ejecutivo.

La reunión fue registrada por testigos y confirmada por fuentes judiciales. Según las grabaciones y testimonios, se barajó la posibilidad de que si Balas era desacreditado o apartado, "todos los problemas" se desvanecerían. Hamlyn, según estas fuentes, rechazó colaborar, al no disponer de material relevante y exigir que cualquier acuerdo fuera sellado por escrito.

El empresario imputado y los aplazamientos fiscales bajo sospecha

Alejandro Hamlyn está siendo investigado por su papel en un fraude multimillonario de IVA e hidrocarburos vinculado al conglomerado Hafesa, compuesto por varias empresas domiciliadas en el País Vasco. Documentación oficial a la que tuvo acceso THE OBJECTIVE revela que la Hacienda Foral de Vizcaya permitió a Hafesa aplazar 225 millones de euros en impuestos entre 2019 y 2030, en condiciones que algunas fuentes califican como “ventajosas frente a la competencia”.

Las sociedades beneficiadas son:

• DBA Bilbao Port S.L.

• Hamlyn Participaciones S.L.

• Hafesa Distribución Oil Siglo XXI S.L.

• Hafesa Suministro de Hidrocarburos S.L.

El administrador único de todas ellas es el propio Hamlyn, actualmente residente en Dubái, y que no se presentó a un juicio reciente, lo que podría derivar en una orden de búsqueda internacional por parte de la Audiencia Nacional.

Participantes en la reunión y objetivo político

En la videoconferencia, según señala El Confidencial, participó también el empresario Javier Pérez Dolset, procesado por fraude en subvenciones y colaborador habitual del PSOE, así como el abogado Jacobo Teijelo. La conversación giró en torno a desacreditar la figura del teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, y pieza clave en varias de las investigaciones que afectan directamente al entorno presidencial.

Díez Castro habría dicho a Hamlyn que, si lograban neutralizar a Balas, se desactivaría la ofensiva judicial contra Begoña Gómez, David Sánchez y otros investigados como José Luis Ábalos y Koldo García. La conversación fue grabada y relatada también por Víctor de Aldama, colaborador de la Fiscalía, en el programa El Programa de Ana Rosa de Telecinco, el pasado 7 de marzo.

Silencio oficial y creciente presión institucional

Ni el PSOE ni La Moncloa han emitido declaraciones oficiales sobre este asunto. Sin embargo, desde la oposición ya se exige una comparecencia urgente del ministro del Interior y del fiscal general del Estado, dado que el episodio apunta a un intento de presión política contra un alto mando de la Guardia Civil que lidera casos judiciales abiertos contra familiares directos del presidente del Gobierno.

El hecho de que se contactara con un empresario imputado por un fraude de 154 millones de euros para interferir en una investigación policial ha desatado una oleada de críticas, que podrían derivar en una nueva comisión parlamentaria de investigación o incluso en actuaciones del propio Consejo General del Poder Judicial.

La revelación de estas maniobras entre representantes del PSOE y un empresario imputado para intentar influir en el rumbo de investigaciones judiciales complica aún más el panorama político y judicial del Gobierno. A medida que se acumulan los escándalos de corrupción, cohecho y tráfico de influencias, tanto en el caso Koldo como en el de la cátedra de Begoña Gómez, esta última información apunta a una estrategia de obstrucción institucional sin precedentes recientes.

El papel de Antonio Balas como investigador principal de las causas más sensibles para el Ejecutivo lo convierte en un objetivo dentro de una batalla jurídica que amenaza con trascender lo penal para convertirse en un caso de erosión institucional y posible obstrucción a la justicia.