El PSOE intenta imponer sanciones a periodistas críticos en el Congreso evadiendo la ley

Lo que empezó como una supuesta actualización de los criterios de acceso al Congreso de los Diputados para periodistas se ha convertido en lo que muchos ven como un intento descarado del PSOE de silenciar a los medios críticos. Según fuentes parlamentarias consultadas por THE OBJECTIVE, la presidenta socialista de la Cámara Baja, Francina Armengol, pretende modificar el Reglamento para castigar a los periodistas incómodos, eludiendo para ello la vía legal adecuada: una ley orgánica.

El conflicto estalló tras la creación en junio de 2024 de un grupo de trabajo dirigido por el socialista Alfonso Gómez de Celis para regular la acreditación de prensa. Sin embargo, desde entonces, y tras tres reuniones estancadas, ni siquiera hay un documento formal sobre la mesa. Lo que sí hay son tensiones crecientes con la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) y otros colectivos profesionales que han rechazado ejercer de filtro para decidir quién puede o no informar desde la Cámara.

Fuentes del PP denuncian que lo que busca realmente el PSOE es establecer una especie de “ley mordaza encubierta” en el Congreso, aprovechando las quejas internas sobre la presencia de medios críticos —a los que han llegado a calificar como "seudomedios" y "seudoperiodistas"— para aplicar sanciones disciplinarias sin respaldo legal.

La estrategia del PSOE pasaría por modificar la instrucción interna vigente y reformar el Reglamento del Congreso. Pero aquí choca con la legalidad: "El Reglamento solo obliga a los diputados, no a los periodistas ni al resto de personal externo. No puede imponerse un régimen sancionador a personas que no tienen la condición de parlamentarios", explican fuentes jurídicas. De hecho, según destacan desde la oposición, ni siquiera el carácter orgánico del Reglamento habilita tal medida sin un soporte legal específico aprobado por mayoría reforzada.

En paralelo, Armengol habría intentado arrastrar al Senado a esta ofensiva contra la prensa, pero el presidente de la Cámara Alta, el popular Pedro Rollán, se ha negado tajantemente a replicar estos criterios en su institución, blindando el acceso informativo y rechazando cualquier intento de censura previa.

Los socialistas encontraron inspiración en un informe encargado al letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, afín al PSOE, sobre los modelos de acreditación en parlamentos europeos. De todos, el que más interesó fue el caso de Italia, donde la intervención de asociaciones profesionales resulta clave. Sin embargo, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) rechazaron de plano ser los árbitros que controlen las acreditaciones, dejando claro que no participarán en una estrategia que limite la libertad informativa.

Mientras tanto, desde Génova avisan: "No apoyaremos ninguna medida que pretenda controlar a la prensa bajo pretexto reglamentario", aseguran fuentes del PP, que ven en esta maniobra un intento más del Gobierno de Pedro Sánchez de blindarse ante las crecientes informaciones sobre los escándalos de corrupción que salpican al PSOE, desde el caso Ábalos hasta los últimos hallazgos que involucran a Santos Cerdán.

Este choque abierto entre el PSOE y los medios parlamentarios se produce en plena tormenta política por las tramas de contratos irregulares, sueldos públicos sin trabajo y adjudicaciones amañadas. "No soportan que los periodistas cuenten lo que pasa. La solución del sanchismo siempre es la misma: callar al mensajero", resume un veterano diputado popular.

En todo caso, si el PSOE quiere imponer sanciones reales a los periodistas, tendrá que jugársela en el trámite de la Ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, aprobada como anteproyecto en febrero. Solo ahí podrían introducirse enmiendas para habilitar un régimen sancionador formal. Y ahí es donde la batalla será total.

Porque si algo ha dejado claro la oposición es que, con mayoría absoluta en el Senado y una sociedad cada vez más crítica con los intentos de censura, no piensan ceder ni un centímetro en la defensa de la libertad de prensa.