El PSOE congela el nombramiento de la exdiputada que dimitió para aforar a Gallardo tras el escándalo mediático
El partido socialista frena la designación de María de la Cruz Rodríguez como subdelegada del Gobierno en Badajoz
El PSOE de Extremadura ha paralizado este miércoles el nombramiento de María de la Cruz Rodríguez como nueva subdelegada del Gobierno en Badajoz, según confirman fuentes del propio partido a EL MUNDO. La decisión llega menos de 24 horas después de que trascendiera públicamente que Rodríguez, hasta ayer diputada regional y mano derecha de Miguel Ángel Gallardo, había dimitido para facilitar que el líder socialista extremeño pudiera aforarse, al estar este imputado por presunta prevaricación y tráfico de influencias.
La reacción no se ha hecho esperar. El aluvión de críticas por lo que se interpretó como un “intercambio de favores” ha llevado a una rectificación in extremis que deja en suspenso el premio político que estaba ya preparado para Rodríguez, ex jefa de gabinete de Gallardo durante su etapa al frente de la Diputación de Badajoz.
Giros y tensiones internas
El plan de relevo parecía cerrado: destituir a la actual subdelegada, Maribel Cortés, para colocar en su lugar a Rodríguez, como reconocimiento a su renuncia al escaño parlamentario. Cortés, según ha reconocido públicamente, ya había sido informada de su cese. Sin embargo, cuando el escándalo estalló y la prensa regional, especialmente el diario Hoy, lo reveló, el revuelo fue tal que desde Ferraz y Moncloa se activó un freno de emergencia.
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, fue uno de los principales opositores al relevo. Según fuentes socialistas consultadas por este periódico, Quintana se negó a perder a su persona de confianza en la subdelegación por una maniobra política ajena a su equipo.
La dimisión coordinada
La maniobra para aforar a Gallardo ha sido tan quirúrgica como polémica. Rodríguez, funcionaria en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena y fiel colaboradora de Gallardo desde sus inicios, dejó su escaño en la Asamblea para que el siguiente en la lista fuera el propio Gallardo. Pero no lo hizo sola.
Junto a ella, otros cuatro integrantes de la lista socialista renunciaron a su acta de diputado a través de actas notariales presentadas a la Junta Electoral. Entre ellos, tres altos cargos de la Diputación. Todo ello, con el objetivo de que Gallardo accediera al Parlamento autonómico y así adquiriera la protección del aforamiento que impide ser procesado por un juez ordinario.
Gallardo está siendo investigado en el marco del caso del hermano del presidente Pedro Sánchez, en relación con un presunto trato de favor en la concesión de una plaza pública en 2017.
Un escándalo que no cesa
Esta sucesión de dimisiones, nombramientos en la sombra y ceses no ejecutados ha sumido al PSOE extremeño en un terremoto interno, justo cuando el partido nacional afronta un complicado contexto de investigaciones judiciales que afectan a su cúpula y al entorno familiar del presidente del Gobierno.
La intención de otorgar a Rodríguez un cargo institucional tras su gesto en favor de Gallardo se percibe como una recompensa política a cambio de silencio y lealtad, una práctica que ya ha sido criticada por la oposición como una instrumentalización del poder institucional con fines partidistas.
Desde las filas populares, ya han calificado la situación como “una artimaña de manual” para “tapar la corrupción con trajes administrativos”.
Por ahora, el nombramiento ha quedado en suspenso, pero no cancelado definitivamente. La figura de María de la Cruz Rodríguez continúa en el centro del tablero, y su cercanía al líder imputado mantiene viva la sospecha sobre las prácticas internas del PSOE en Extremadura.
El caso Gallardo, lejos de cerrarse, suma así un nuevo capítulo que compromete la imagen de regeneración que el Gobierno intenta proyectar a nivel nacional, en un contexto en el que la corrupción y el uso partidista de las instituciones públicas vuelven a ser el telón de fondo de la vida política española.