El PSOE abre la caja de Pandora: los jueces reclaman las grabaciones completas del espionaje a Podemos
El tribunal acepta la solicitud del Partido Socialista como acusación popular, a pesar de sus intentos recientes por restringir esta figura jurídica
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado que tres medios de comunicación —Moncloa.com, El Confidencial y ABC— entreguen los audios completos que publicaron en 2019 en relación con el presunto espionaje policial al partido Podemos, además de una factura vinculada a supuestos pagos recibidos por Pablo Iglesias. Esta resolución responde a una solicitud del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que ejerce como acusación popular en el procedimiento.
La decisión judicial revierte el criterio del juez instructor Santiago Pedraz, quien había rechazado la práctica de esta diligencia. El PSOE recurrió primero en reforma, y tras una segunda negativa, acudió en apelación a la Sala, que ahora estima el recurso por unanimidad, con ponencia del magistrado Francisco Javier Vieira.
Reunión en Nueva York y contenido de los audios
Los audios en cuestión corresponden a una reunión celebrada el 12 de abril de 2016 en el Consulado de España en Nueva York, en la que tres policías españoles mantuvieron una conversación con un disidente venezolano. En ese encuentro, se habría negociado la obtención de información sobre la financiación de Podemos, en un contexto que aún no ha sido aclarado judicialmente.
La Sala requiere la entrega íntegra de las grabaciones que fueron citadas en titulares como "Los policías del espionaje a Podemos: ‘Tengo un mandato del ministro y del presidente’” y “Los policías de José Ramón y Leonardo: ‘Si Podemos no llega al Gobierno… mejor’”. Además, se solicita la factura publicada por ABC en la que se hacía referencia a supuestos pagos de 93.000 euros procedentes de Irán entre 2013 y 2015 dirigidos a Pablo Iglesias.
Garantías procesales y respeto a las fuentes
El tribunal ha ordenado que se garantice el anonimato de las fuentes periodísticas y la confidencialidad de las comunicaciones mantenidas con los informadores, en línea con los principios de protección a la labor informativa. La resolución subraya que la práctica de esta diligencia tiene como fin verificar la autenticidad y contextualizar los fragmentos publicados, con el objetivo de esclarecer su utilidad dentro del proceso judicial.
"Publicados en esos medios datos fragmentarios de grabaciones, aparece útil para la investigación contextualizar los fragmentos publicados con la totalidad de la grabación", sostiene el auto judicial.
Un uso controvertido de la acusación popular
La intervención del PSOE como acusación popular ha sido interpretada por algunos sectores como contradictoria, dado que el propio partido ha presentado en el Congreso una propuesta legislativa para limitar esta figura jurídica, especialmente su uso por parte de partidos políticos y asociaciones vinculadas.
Pese a ello, el PSOE ha hecho uso de dicha herramienta en varias causas, entre ellas la que afecta a supuestas actuaciones ilegales por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado en investigaciones extrajudiciales sobre dirigentes de Podemos. La causa se inició a raíz de una querella del partido de Iglesias contra el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y otros altos cargos policiales.