La jueza procesa al novio de Ayuso por fraude fiscal y falsedad documental
La causa judicial que desde hace meses rodea a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha dado un paso decisivo. La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, la magistrada Inmaculada Iglesias, ha dictado auto de pase a procedimiento abreviado, lo que equivale al procesamiento formal en este tipo de procedimientos. Se cierra así la fase de instrucción y se da por consolidada la acusación del Ministerio Fiscal por fraude fiscal y falsedad documental.
En el centro del caso: un presunto fraude a Hacienda que asciende a 350.951 euros, repartido en dos ejercicios fiscales, y que se habría articulado mediante una red societaria que simuló la prestación de servicios para justificar gastos ficticios y reducir ilícitamente la base imponible.
Una querella sustentada en el informe de Hacienda
Todo comenzó con un informe de la Agencia Tributaria, remitido a la Fiscalía de Madrid. A partir de ese documento, la Sección de Delitos Económicos del Ministerio Público presentó una querella que fue admitida a trámite. La investigación posterior ha desembocado en un expediente donde se sostiene que González Amador orquestó un sistema de facturación falsa, con el apoyo de al menos otras cuatro personas, para eludir sus obligaciones tributarias.
La magistrada considera probada, en esta fase, la “condición objetiva de punibilidad” exigida por el artículo 305 del Código Penal: la cuantía defraudada supera los 120.000 euros por ejercicio, el umbral mínimo que convierte la infracción en delito fiscal.
Falsificación documental: otro pilar de la causa
Además del fraude, la investigación ha detectado indicios de falsificación de facturas y documentación mercantil con el objetivo de simular gastos que nunca existieron. Esos documentos, según la instrucción, fueron utilizados para justificar deducciones indebidas en el impuesto sobre sociedades y en el IRPF. Este segundo bloque de delitos da mayor solidez a una acusación ya robusta por sí misma.
Un dato relevante es la decisión de la jueza de excluir a Javier Fidalgo, asesor fiscal del empresario, del listado de investigados. La resolución no lo vincula directamente con las maniobras delictivas y señala la falta de pruebas sobre su participación activa o conocimiento del plan defraudatorio.
La polémica del correo del pacto con Fiscalía
La causa no ha estado exenta de polémica extrajudicial. La filtración a la prensa de un correo electrónico en el que el abogado de González Amador ofrecía un pacto a la Fiscalía reconociendo los delitos, desató una tormenta política y judicial que aún colea. Ese mensaje fue clave en el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, al haberse difundido datos confidenciales de un investigado sin resolución firme.
Ante el Tribunal Supremo, González Amador ha intentado distanciarse de ese correo, alegando que fue su abogado, Carlos Neira, quien lo redactó y envió sin su consentimiento. «Me cogí un cabreo monumental», declaró el empresario, tratando de desvincularse de una negociación que ya es prueba de cargo en manos de la Fiscalía.
Un juicio con ecos políticos
Más allá del fondo penal, el caso ha cobrado una dimensión política evidente. González Amador no es solo un empresario investigado: es la pareja de la presidenta autonómica más expuesta y combativa frente al Gobierno central, lo que ha derivado en una batalla entre bloques mediáticos, judiciales y políticos.
La fase de juicio oral se aproxima. Las acusaciones tienen ahora un plazo para formular su escrito, en el que podrán concretar los delitos imputados y solicitar la apertura de juicio. Será entonces cuando sepamos si la Fiscalía mantiene su acusación y si el caso acaba sentando en el banquillo a la pareja de Ayuso.