Las declaraciones recientes de Pedro Sánchez en Televisión Española (TVE), donde reconoció públicamente la instrumentalización de tribunales y juzgados con el objetivo de perseguir a adversarios políticos, han provocado una serie de reacciones en el ámbito judicial, generando preocupación y críticas por parte de diversas entidades asociativas de la Carrera judicial.

Juan José Carbonero, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha expresado su denuncia señalando que el Gobierno está dando pasos para consolidar la noción de "lawfare" en España. Destacó la inclusión de este término en el acuerdo entre el PSOE y Junts como un indicio claro de que el Gobierno está adoptando esta postura. Carbonero subrayó que la fuerza de los hechos es más elocuente que cualquier opinión individual y dejó la interpretación en manos de la opinión pública.

Por otro lado, Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), consideró "muy grave" que el presidente del Gobierno sugiriera que algunos jueces fueron instrumentalizados con fines políticos. Portillo instó a presentar una querella en la Fiscalía contra esos jueces si esa es la percepción. Además, resaltó que lanzar sospechas generales sobre la utilización de jueces no beneficia la imagen del país ni la labor de los profesionales que trabajan diariamente para abordar los problemas judiciales.

Ambas asociaciones también abordaron la discusión en torno a la Ley de Amnistía, destacando la importancia de poner en valor sus implicaciones tanto para el Poder Judicial como para la salud del sistema constitucional y democrático. Juan José Carbonero subrayó que esta ley, lejos de ser general, constituye una excepción que afecta a la separación de poderes y cuestiona la labor de los tribunales, poniendo en duda el sistema penal y la Constitución de 1978. En este contexto, advirtió sobre el papel crucial que desempeñará el Tribunal Constitucional en este momento histórico.