Presidencia se niega a explicar cuánto tiempo ocultó Sánchez a su hermano en Moncloa
Moncloa ha vuelto a desafiar una orden expresa que obligaba a Presidencia del Gobierno a explicar durante cuánto tiempo Pedro Sánchez ocultó en el Palacio de la Moncloa a su hermano David Sánchez, actualmente procesado, asumiendo además los costes derivados de su estancia junto a su cónyuge y facilitando el uso de recursos públicos.
Entre esos recursos figura, según adelantó en El Debate Alejandro Entrambasaguas, un vehículo oficial de Presidencia que habría sido utilizado para trasladar a Kaori Matsumoto, esposa de David Sánchez, a revisiones ginecológicas durante su embarazo.
La imputación de Begoña Gómez agrava la polémica
La polémica se produce en un contexto especialmente delicado para el entorno del presidente. Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, se encuentra imputada por el juez Peinado, quien le atribuye la comisión dolosa de cinco delitos. Entre ellos, destaca el presunto uso de una funcionaria pública como asistente de sus negocios privados, pese a estar retribuida con dinero público.
La gestión de Pedro Sánchez y el uso que hace de los recursos del Estado se ha visto envuelta de forma recurrente en controversia, al mezclarse el ámbito personal con el institucional, tal y como ha venido informando El Debate, medio pionero en la defensa del derecho de acceso a la información pública, pese al obstruccionismo continuado del Ejecutivo.
La excusa de Moncloa: el «domicilio familiar»
Para justificar su negativa, Moncloa sostiene que las visitas del presidente entran dentro de su domicilio familiar, una interpretación con la que Presidencia del Gobierno intenta esquivar la obligación de revelar los detalles de la estancia secreta de David Sánchez en el complejo presidencial.
Según este argumento, al tratarse de un espacio considerado privado, no existiría registro de visitas, lo que permitiría que los gastos generados se cargasen a las arcas públicas sin control ni supervisión. Una situación que abre la puerta a un uso discrecional de La Moncloa, como si se tratase de una barra libre de recursos públicos.
Una pirueta legal para evitar dar explicaciones
El argumento aparece en un escrito firmado por la directora jurídica de Moncloa, Isabel León, en la Ejecución de la Resolución 2025-1945, fechada el 28 de enero de 2026 y a la que ha tenido acceso El Debate. En él, Presidencia se niega a detallar las fechas de la estancia de David Sánchez y asegura que, desde que el presidente traslada su residencia al Palacio, las cuestiones relativas a su ámbito personal quedan fuera de registro oficial.
Una afirmación que resulta especialmente llamativa al tratarse de una instalación sometida a controles permanentes de seguridad por parte del Departamento de Seguridad Nacional y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Reincidencia en el desacato y nuevas demandas judiciales
No es la primera vez que Moncloa recurre a este tipo de maniobras. Ya lo hizo para ocultar las reuniones de Begoña Gómez en el despacho presidencial o su actividad en la Cátedra de la UCM, asistida por personal pagado con fondos públicos. Por estos hechos, tanto Gómez como la funcionaria implicada están siendo investigadas.
Algo similar ocurrió cuando Pedro Sánchez se negó a detallar los gastos y la compañía durante 88 días de vacaciones en residencias oficiales, un asunto que ya se encuentra en manos del TSJM.
Ahora, Presidencia asegura no haber autorizado gastos ni el uso de medios oficiales para «personas ajenas a los convivientes», una expresión que, según fuentes jurídicas, constituye la clave para justificar el uso de recursos públicos en beneficio del entorno familiar del presidente.
Las mismas fuentes avanzan que Moncloa afrontará una nueva demanda, al considerar que existe un fraude de ley, además de un reproche ético y legal por vulnerar la normativa de transparencia.
Opacidad también frente al Senado
Presidencia ya intentó ocultar estos datos al Senado, tras las peticiones del PP, despachándolas con una escueta frase: el Gobierno no valora informaciones periodísticas.
Una estrategia que se repite en otros episodios, como la negativa inicial a explicar con quién compartió Pedro Sánchez los 45.000 euros de gasto en vacaciones en La Mareta, hasta que un organismo independiente obligó al Ejecutivo a rendir cuentas y aclarar las visitas recibidas y el motivo de su estancia.
La acumulación de episodios refuerza la percepción de una gestión opaca de los recursos públicos, en la que el control institucional queda supeditado a la voluntad del presidente del Gobierno.