"Está preocupado": el presidente de la Audiencia llamó a un juez en nombre de Zapatero
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero utilizó, en octubre de 2021, su estrecha relación con José Ramón Navarro, entonces presidente de la Audiencia Nacional, para intentar averiguar si estaba siendo investigado por sus presuntos vínculos financieros con el régimen de Nicolás Maduro. Según ha podido constatar THE OBJECTIVE, Navarro realizó una llamada directa a un juez de la Audiencia Nacional en nombre del exmandatario, vulnerando de facto los límites institucionales que marcan la independencia judicial y la confidencialidad de los procesos penales.
La conversación, que tuvo lugar mientras ambos se encontraban reunidos en persona, se refería a una causa declarada secreta, relacionada con las revelaciones del exjefe de inteligencia chavista Hugo Carvajal, alias El Pollo, ante el tribunal español. La inquietud de Zapatero no era menor: en aquellas fechas, Carvajal había acusado al expresidente socialista de haber recibido acciones en empresas venezolanas como presunto pago por sus servicios de lobby internacional y respaldo político al régimen de Caracas.
"Estoy con Zapatero, está preocupado": la llamada que tensó a la Audiencia
Según fuentes jurídicas, Navarro se dirigió al juez con estas palabras: «Estoy ahora mismo con Zapatero y está muy preocupado por lo que pueda estar investigándose».
El magistrado, visiblemente sorprendido, le respondió con firmeza: «La causa es secreta. Si tiene interés, que se persone, y cuando se levante el secreto podrá verlo».
La negativa fue rotunda. Pero el episodio dejó constancia de una preocupante connivencia entre poder político y jurisdiccional. Navarro no solo ostentaba en ese momento la presidencia de la Audiencia Nacional, sino que también mantenía estrechos lazos personales y políticos con figuras clave del PSOE, como José Luis Ábalos, exministro de Transportes, que lo incluyó en el vuelo inaugural a Tiflis (Georgia) en 2020, junto a 334 invitados de élite.
El testimonio de Carvajal: acciones como forma de pago
El 20 de septiembre de 2021, Hugo Carvajal declaró en sede judicial bajo secreto de sumario. En presencia del fiscal jefe Jesús Alonso, los jueces Joaquín Gadea y Alejandro Abascal, y su abogada Dolores Argüelles, describió un supuesto entramado financiero en el que Zapatero habría recibido participaciones societarias en compañías venezolanas, mediante testaferros, a cambio de su colaboración internacional. No se trataba, según Carvajal, de pagos en metálico ni cuentas opacas, sino de rentas legales derivadas de estructuras empresariales montadas ex profeso para el beneficio del expresidente.
Estas informaciones despertaron el interés del juez que instruía el caso Morodo, centrado en el enriquecimiento ilícito del exembajador español en Venezuela, Raúl Morodo, durante el mandato de Zapatero. Aquel procedimiento había revelado transferencias por más de 4,5 millones de euros a través de consultoras ficticias, aunque sin vinculación probada —hasta la fecha— con el exjefe del Ejecutivo.
La causa se diluye y las pruebas desaparecen
Carvajal prometió entregar documentación acreditativa, pero condicionó su entrega a la concesión de asilo político en España, lo que habría bloqueado su extradición a Estados Unidos, donde se le reclama por narcotráfico y tráfico de armas. El Gobierno de Pedro Sánchez no accedió a esa solicitud y Carvajal fue extraditado. Las pruebas clave nunca se presentaron, y la investigación fue archivada en secreto.
Paralelamente, el caso Morodo concluyó con un pacto indulgente: penas simbólicas de diez meses para Raúl Morodo y dos años para su hijo Alejo, evitando así su ingreso en prisión. El desenlace contrastó con la gravedad de los hechos investigados.
A ello se suma un episodio aún más oscuro: la muerte de Juan Carlos Márquez, alto directivo de PDVSA, quien había manifestado su disposición a declarar sobre pagos irregulares a políticos españoles. Menos de 24 horas después, apareció muerto. Aunque las autoridades calificaron su fallecimiento como suicidio, el juez Santiago Pedraz cerró el caso sin una investigación exhaustiva.
El patrón: silencio, favores y opacidad
La estrategia desplegada por Rodríguez Zapatero, basada en la influencia institucional y la opacidad judicial, revela un patrón que ha sido criticado por expertos en ética pública y transparencia: uso de contactos en la judicatura, presión indirecta sobre procesos secretos y una red de relaciones personales con miembros clave del aparato del Estado.
La cercanía entre Navarro y el poder político fue evidenciada una vez más cuando, según publicó El Mundo, el entonces presidente de la Audiencia Nacional filtró a Ábalos la sentencia absolutoria del mayor Trapero, antes incluso de su publicación oficial. Un comportamiento que, en cualquier Estado de Derecho consolidado, abriría la puerta a responsabilidades disciplinarias o incluso penales.
Este episodio, junto a otros similares que han salido a la luz en los últimos meses, confirma la necesidad urgente de reforzar la separación de poderes en España, blindando a la Justicia frente a presiones políticas y recuperando la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
La utilización del aparato judicial como muro de contención o instrumento de protección de los intereses de antiguos mandatarios debe alertar a todos los actores del sistema. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía del ciudadano.