La Policía denuncia “abandono operativo” en la Vuelta y exige la dimisión de Sánchez y Marlaska
Lo que debía ser la fiesta del ciclismo español se convirtió en un bochorno internacional: el operativo de seguridad falló y la Vuelta acabó sin podio ni campeón celebrado
La última etapa de la Vuelta Ciclista a España 2025 se convirtió en un escenario de graves disturbios y enfrentamientos, culminando con la suspensión de la competición a 60 kilómetros de la meta. La situación ha desatado una oleada de críticas por parte de sindicatos policiales, partidos de la oposición y representantes institucionales, quienes acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de permitir e incluso alentar el caos en las calles de Madrid.
Dimisiones exigidas por los sindicatos policiales
El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, y la Confederación Española de Policía (CEP) han exigido la dimisión del presidente Pedro Sánchez, del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska y del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Alegan un “desastre operativo”, con 22 agentes heridos y una evidente falta de coordinación. En palabras de Jupol: “La seguridad fue sacrificada por decisiones políticas”.
Los sindicatos denuncian que el operativo se diseñó para “no incomodar a determinados grupos”, lo que permitió la infiltración de colectivos radicales en una manifestación propalestina que derivó en violencia contra la Policía y los ciclistas. Además, acusan al Gobierno de “abandono operativo deliberado”, dejando a los agentes “vendidos” en los puntos más críticos.
Ayuso y Almeida señalan a Moncloa
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida han responsabilizado directamente al Gobierno de Sánchez. Ambos aseguran que se ordenó no reprimir los disturbios, calificando la actuación del delegado del Gobierno como “indigna” e “impresentable”.
Almeida declaró en televisión: “La violencia ha vencido al deporte. Hago responsable al presidente”. Ayuso, por su parte, denunció que el dispositivo fue “propio de un domingo cualquiera”, a pesar de los antecedentes de altercados.
La manifestación propalestina y la violencia
El boicot fue impulsado por el grupo BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel), liderado por Iban Vázquez, ex apoderado de la ministra Yolanda Díaz. Durante la jornada, los manifestantes invadieron la calzada, derribaron vallas, lanzaron objetos a la Policía y frenaron el paso del pelotón, provocando la suspensión de la etapa.
Entre los heridos se encuentra el ciclista Javier Romo, que fue víctima de un ataque con chinchetas en una etapa anterior. La presencia del equipo Israel Premier-Tech fue el principal motivo de las protestas.
Reacciones políticas y silencio institucional
Mientras el Gobierno califica los incidentes como “pacíficos”, los sindicatos y representantes de la Comunidad de Madrid han pedido responsabilidades inmediatas. Se acusa al Ejecutivo de blanquear la violencia, animar las protestas y dejar sin protección efectiva a ciudadanos y cuerpos de seguridad.
En un comunicado contundente, Jupol advierte: “La seguridad de los españoles no puede ser moneda de cambio en el juego político”.
La cancelación de la última etapa, la ausencia de podio final y el boicot generalizado han empañado uno de los eventos deportivos más importantes del país, generando un grave precedente para la convivencia democrática y la imagen internacional de España.
La crisis abierta tras la fallida gestión del dispositivo de seguridad promete prolongarse en el tiempo, con posibles consecuencias judiciales, políticas y sociales.