La secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, ha afirmado que el Rey Felipe VI no tiene "legitimidad democrática" para posicionarse sobre la "grave" crisis institucional derivada de la "injerencia" del Tribunal Constitucional en el "poder legislativo", y espera que no vuelva a realizar un discurso "de parte" como, a su juicio hizo el 3 de octubre de 2017 ante el 'procés'.

En una entrevista con Europa Press y sobre si espera alguna mención del Rey durante su habitual mensaje navideño a la suspensión del alto tribunal a la tramitación parlamentaria de la reforma sobre su renovación, ha reivindicado que la solución a este conflicto corresponde exclusivamente al Gobierno y el Congreso, en ningún caso al monarca, porque son las instituciones que emanan de la soberanía popular.

Por tanto, ha opinado que aunque "sería deseable que a nadie le quedara dudas de que está en contra de los movimientos de las derechas en el país", como "republicana" tiene escasa confianza en la monarquía y rechaza que lance cualquier intervención, a través de sus mensajes, en un asunto que atañe al ámbito ejecutivo y parlamentario.

Y bajo ningún concepto, ha añadido, Felipe VI debería incurrir en un discurso en la línea como el que hizo ante el 'procés', porque sus alocuciones tienen que representar al conjunto de los españoles.

"QUIEBRA DE CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LA MONARQUÍA"

En cuanto a si piensa que el rey emérito Juan Carlos I podría volver al país, ha considerado que España tiene "preocupaciones más importantes" y que, desde el "respeto" a la institución que ostenta la Jefatura del Estado, percibe que existe una "quiebra de la confianza" con la ciudadana, a raíz de comportamientos como el del padre de Felipe VI.

"Hay un problema de fondo en la monarquía. Se le ha pedido en muchas ocasiones a la sociedad española que confíen en sus reyes y los reyes en demasiadas ocasiones han demostrado que esa confianza no estaba asegurada (...) Es un problema grande que el pueblo no pueda confiar en quien les representa, sea el emérito o el Rey actual", ha lanzado.

DESBLOQUEAR EL CGPJ PARA ZANJAR EL "PROBLEMA ESTRUCTURAL"

Respecto a su análisis de la suspensión cautelar decretada por el TC antes de que se votara la reforma del organismo en el Senado, Verstrynge ha remarcado lo "preocupante" y "excepcional" de que, por primera vez en la historia democrática del país, el poder jurídico intervenga al legislativo, donde emana la soberanía nacional, para impedir una votación en las Cortes Generales.

Un extremo que, según ha relatado, puede marcar "precedentes peligrosos" y que tiene que llevar a la conclusión de que hay que reformar el "conjunto del modelo" para la renovación del TC, pero sobre todo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con vistas a lograr que el órgano de gobierno de los jueces "asimile" de una vez la representación política actual de las cámaras y sus mayorías.

Es más, ha destacado que este episodio sugiere el "fallo" de no haber cambiado antes el sistema de mayorías para renovar el CGPJ y superar el bloqueo del PP, pues esa reforma "quizás podría haber evitado" esta "grave situación", con un "quebranto" de la separación de poderes y de la propia Carta Magna. Y ante ello es necesario desplegar una "respuesta política lo más democrática posible y urgente".

Así, la número 'tres' de Podemos ha valorado que la proposición de ley avanzada por el PSOE es "un buen punto de partida" para corregir esta deriva, pero ha puntualizado que el "problema es estructural" y no se resuelve solo con la iniciativa circunscrita al tribunal de garantías.

Por tanto, han trasladado a su socio que debe ir "acompañada" de una reforma para la renovación del CGPJ, para lo cual Podemos propone habilitar la vía de la mayoría absoluta de cara a designar nuevos vocales, con el requisito añadido de concitar a la mitad de los grupos parlamentarios.

LA DERECHA IMPONE SU "AGENDA POLÍTICA" DESDE PODERES JUDICIALES

Dentro de esta estrategia ya ha convocado a las fuerzas del bloque de investidura con la idea, primero, de compartir puntos de vista y donde su formación aprecia consenso en que el CGPJ debe desbloquearse.

A juicio de la también secretaria de Estado para la Agenda 2030, el auto del TC evidencia una "estrategia" desplegada por la derecha política y judicial desde hace tiempo, que es "básicamente intentar mandar" cuando no ostenta el Gobierno ni tiene mayoría en el Congreso para imponer su "agenda política" a través de las instancias judiciales.

"Es vergonzoso lo que hemos visto en el TC", ha reprochado para reseñar que dos magistrados con mandato caducado (el presidente Pedro González-Trevijano y el vocal Antonio Narváez) que, al participar en la votación y no abstenerse, no hayan aceptado dar paso los dos juristas elegidos por Gobierno de coalición y representativos de la mayoría progresista que han votado los españoles.

También ha tildado entre "bastante surrealista" que en el fondo connota una situación preocupante: el "intento de coartar la voluntad popular" y "limitar las leyes" que salen del Ejecutivo.