El rescate de Plus Ultra impulsó al presunto testaferro de Zapatero
El empresario Julio Martínez Martínez, señalado por los investigadores como presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, entró en el sector de la intermediación aérea pocas semanas después de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra el 9 de marzo de 2021, según consta en el registro mercantil y en la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), según publica The Objective.
El 17 de marzo de 2021, apenas ocho días después de la concesión de la ayuda pública, Martínez Martínez modificó el objeto social de una empresa denominada hasta entonces Rentas Litoral, que pasó a llamarse Voli Analítica. La sociedad abandonó su actividad inmobiliaria para dedicarse a la “intermediación en el transporte aéreo de mercancías y personas actuando como bróker de vuelos”, pese a carecer de estructura operativa y sin empleados registrados.
La UDEF registró la aerolínea Plus Ultra el pasado 11 de diciembre, una operación que se saldó con la detención de Julio Martínez Martínez, del presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, y de su CEO, Roberto Roselli. A los tres se les atribuyen delitos de fraude fiscal, pertenencia a organización criminal y apropiación indebida. Tras declarar ante la juez Esperanza Collazos, quedaron en libertad con medidas cautelares.
Una empresa creada antes de Sánchez y vinculada al entorno de Zapatero
La actual Voli Analítica fue constituida en abril de 2018, bajo el nombre de Rentas Litoral, meses antes de la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno. Su primer administrador fue Manuel Martínez Martínez, a quien los investigadores identifican como hermano de Julio Martínez Martínez. La sociedad nació con un capital social de 200.000 euros y fijó su sede en la urbanización El Mirador de Vera (Almería), donde Zapatero poseía un chalet.
Según fuentes policiales, el uso de una dirección incompleta habría dificultado a los investigadores establecer de forma directa el nexo entre la empresa y el expresidente socialista.
Durante sus primeros años, Rentas Litoral declaró como actividad exclusiva la gestión y arrendamiento de bienes inmuebles. No fue hasta marzo de 2021 cuando la empresa cambió radicalmente de perfil: nuevo nombre, nuevo administrador, traslado de sede a un polígono industrial de Elda (Alicante) y giro total hacia el negocio aéreo, coincidiendo temporalmente con el rescate estatal a Plus Ultra a través de la SEPI y el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee).
Sospechas sobre comisiones y desvío de fondos
Los investigadores sospechan que parte de los 53 millones de euros concedidos a Plus Ultra no se destinaron a garantizar su viabilidad, sino a devolver préstamos a sociedades extranjeras ubicadas en Suiza, Francia y Panamá, presuntamente vinculadas a una red de blanqueo de capitales con ramificaciones en Venezuela, incluyendo operaciones relacionadas con oro venezolano y pagos a Pdvsa.
En este contexto, fuentes policiales apuntan a la posibilidad de que Zapatero hubiera cobrado una comisión por su intermediación en el rescate, utilizando presuntamente a Martínez Martínez como testaferro, extremo que no está probado judicialmente. Según estas fuentes, la relación entre ambos se remontaría a 2012, tras la salida del expresidente de La Moncloa, e incluiría viajes recurrentes a Venezuela y gestiones empresariales con su respaldo.
Un entramado de sociedades bajo sospecha
Tras el rescate, Martínez Martínez activó o pasó a administrar al menos ocho sociedades mercantiles, muchas de ellas sin actividad real, entre las que figuran Voli Analítica, Rentas Emeritenses, Mérida Capital, Nez Asesores, Afitta, Agropecuaria Lucena, Zenebtimar y Zenzap. Algunas de estas empresas presentaron movimientos de tesorería relevantes sin ingresos declarados por actividad económica.
En particular, Zenzap cerró el ejercicio de 2021, año del rescate, con 350.000 euros en caja y cero euros de beneficio, una circunstancia que los investigadores consideran compatible con el cobro de comisiones, siempre según fuentes policiales. Al año siguiente, esos fondos desaparecieron casi por completo.
Las últimas cuentas depositadas por Voli Analítica, correspondientes a 2022, reflejan una facturación de 27.272 euros, muy inferior a la del ejercicio anterior. La UDEF registró la nave industrial desde la que Martínez gestionaba este entramado de hasta 18 sociedades, dentro de una investigación que sigue abierta y bajo supervisión judicial.