Piden tres años de cárcel para David, hermano de Sánchez
David Sánchez es acusado de corrupción, amaño de plaza y cobro indebido en la Diputación de Badajoz, con una posible condena de 3 años de prisión. | Las acusaciones reclaman la devolución íntegra de los sueldos públicos
El sindicato Manos Limpias, junto a PP, Vox, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum y Iustitia Europa, ha presentado un escrito de acusación de 35 páginas contra once personas, entre ellas David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por un presunto amaño institucional en la Diputación de Badajoz.
Según el escrito, David Sánchez habría sido beneficiado con un puesto de alta dirección creado expresamente para él, sin necesidad real del servicio, sin justificación técnica y con una asistencia casi inexistente al trabajo.
“Su plaza fue diseñada a medida, sin exigencias objetivas, y nunca la desempeñó”, afirma el documento judicial.
Un montaje administrativo para blindar al hermano del presidente
La acusación sostiene que el puesto de coordinador de actividades de los conservatorios fue un paripé contractual y que David Sánchez fue elegido sin competencia real. Las bases se publicaron apenas 48 horas después de iniciarse el expediente, sin requerir titulación superior en música y con una simple entrevista oral como filtro.
El propio director del Conservatorio Bonifacio Gil, Evaristo Valentí, calificó el cargo como “un disparate” en un informe interno en 2020, y denunció que la figura del coordinador no existía en ningún centro equivalente del país.
Informes falsificados y actividad centrada en proyectos personales
Según la acusación, Sánchez no fichaba, no tenía despacho fijo y no mantenía contacto con los conservatorios. Tampoco estaba autorizado a teletrabajar. Los informes de su actividad fueron entregados a mano y firmados a posteriori, sin constancia en los archivos oficiales.
En la práctica, Sánchez dedicaba su tiempo a proyectos personales como Ópera Joven, que no formaban parte de sus funciones contratadas.
Un ascenso encubierto: de coordinador a jefe de Oficina
En 2022, la Diputación promovió un cambio en su puesto original que lo convirtió en jefe de la Oficina de Artes Escénicas, una operación que la acusación considera prevaricación administrativa. El nuevo cargo fue aprobado como una “modificación de nomenclatura”, cuando en realidad se trataba de un puesto distinto creado sin procedimiento legal.
El nuevo rol no tenía funciones claras, impidiendo la revisión por los órganos de control. David Sánchez continuó cobrando como alto cargo, a pesar de que ya no mantenía relación con el entorno educativo o cultural original.
Otro puesto a dedo: su colaborador directo también fue colocado
La acusación también señala la creación de un segundo puesto para Luis María Carrero, amigo personal de Sánchez y exasesor en Moncloa. Carrero pasó a liderar la nueva Sección de Programas Transfronterizos tras un proceso exprés sin concurso ni oposición. Según los correos intervenidos, ambos daban por hecha su incorporación incluso antes de publicarse las bases.
Ambos compartían despacho y trabajaban en la captación de subvenciones europeas y la organización de eventos culturales, una actividad que, según la acusación, era ajena a las funciones por las que Sánchez fue contratado.
Petición de cárcel, multas y devolución de salarios públicos
Manos Limpias solicita una condena de 3 años de cárcel para David Sánchez, dividida en dos penas de 18 meses cada una, por aceptación de nombramiento ilegal, tráfico de influencias y prevaricación. Además, exigen:
- Multa fija de 32.400 euros (180€/día durante 6 meses).
- Multa variable del doble del salario cobrado como jefe de Oficina (estimado en más de 100.000 €).
- Devolución de todo el salario público desde 2017, con intereses legales.
En total, el impacto económico para Sánchez podría superar los 150.000 euros entre sanciones y reintegros.
La Fiscalía bajo sospecha: denuncia no trasladada a la juez
Según ha revelado El Debate, la Fiscalía habría ocultado a la juez instructora una denuncia presentada por una aspirante que alertó sobre el amaño del proceso. Este nuevo dato pone en cuestión la imparcialidad del Ministerio Público y refuerza la tesis de una protección institucional al entorno del presidente.El caso de David Sánchez no es solo un escándalo de nepotismo: es un entramado institucional diseñado para favorecer al hermano del presidente con fondos públicos, opacidad administrativa y manipulaciones contractuales. La petición de cárcel por parte de las acusaciones populares abre un frente judicial que amenaza con erosionar aún más la imagen del Gobierno de Pedro Sánchez en plena tormenta política.