En un desarrollo sorprendente, se ha descubierto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había sido informado sobre las irregularidades vinculadas al caso Koldo hace más de tres años. Según fuentes de El Confidencial, Ramiro Grau, un abogado que presentó una denuncia contra el exministro José Luis Ábalos en 2020, envió repetidamente información relevante directamente a La Moncloa con la intención de que "la Presidencia del Gobierno se enterara del asunto", según publica El Confidencial.

Grau, quien actuó en medio de la pandemia por entender que había delitos de cohecho y tráfico de influencias en la adjudicación de un contrato de material sanitario en Zaragoza a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, misma empresa que ahora se encuentra bajo investigación, había intentado alertar a las más altas esferas del gobierno sobre estas presuntas irregularidades.

A pesar de sus esfuerzos por comunicar sus preocupaciones y acciones legales contra Ábalos, Grau afirma nunca haber recibido respuesta de La Moncloa, dejando en el aire si el presidente Sánchez estaba al tanto de estas acusaciones por otras vías. La ausencia de claridad sobre el cese de Ábalos, uno de los colaboradores más cercanos de Sánchez, alimenta las especulaciones sobre el conocimiento previo del presidente respecto al caso.

Este silencio de Moncloa contrasta con las declaraciones previas de Iván Redondo, exjefe de gabinete de Sánchez, quien solía enorgullecerse de que todas las comunicaciones recibidas por la Presidencia eran respondidas, incluyendo aquellas de ciudadanos comunes.

El Tribunal Supremo desestimó la denuncia de Grau, considerando que las circunstancias excepcionales de la pandemia justificaban la firma de contratos sin concurso público. Sin embargo, esta decisión no eximía de responsabilidad a otros implicados en el caso, lo cual ha cobrado relevancia con la reciente detención del asistente personal de Ábalos, Koldo García Izaguirre, y la investigación en curso por la Audiencia Nacional.

Este caso pone de manifiesto la complejidad y las capas de la administración pública española, así como la importancia de la transparencia y la responsabilidad en el manejo de los asuntos del estado. La presunta implicación de altos cargos del gobierno en irregularidades y la posible omisión de acción por parte del presidente plantean serias preguntas sobre la gestión y la ética en el más alto nivel del gobierno español.