Con Pedro Sánchez los españoles son 1.410 euros más pobres que en 2018
Desde 2018, los precios en España han subido un 21,3% bajo el Gobierno de Sánchez, con un aumento significativo del 37,9% en alimentos, según el Instituto Juan de Mariana
Durante la administración de Pedro Sánchez, que comenzó en julio de 2018, España ha experimentado un notable incremento en los niveles de inflación, impactando significativamente el poder adquisitivo de los ciudadanos. Según un informe del Instituto Juan de Mariana, los precios han sufrido un aumento acumulado de 21,3% desde el inicio del mandato de Sánchez hasta febrero de 2025. Este incremento ha sido especialmente pronunciado en el sector alimenticio, donde los precios han escalado un alarmante 37,9%.
Comparativamente, durante el gobierno de Mariano Rajoy, que abarcó desde diciembre de 2011 hasta junio de 2018, la inflación general acumulada fue considerablemente menor, registrando un aumento de solo 7,2 puntos porcentuales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta diferencia marca una clara distinción en la gestión económica entre ambos gobiernos, subrayando un crecimiento inflacionario mucho más acelerado en los últimos años.
El análisis del Instituto también revela que la inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles como alimentos y energía, ha alcanzado el 18,8% bajo Sánchez, comparado con el 7,5% durante el mandato de Rajoy. Este dato refleja un incremento en la variabilidad de los precios de productos menos susceptibles a cambios abruptos, indicando una tendencia de inflación más profunda y extendida durante el periodo actual.
Uno de los factores contribuyentes a esta situación es la vinculación de las prestaciones de la Seguridad Social a los precios, una medida adoptada bajo la «era Sánchez» que, aunque busca proteger a los pensionistas contra la pérdida de poder adquisitivo, también puede incentivar ciclos inflacionarios al aumentar el gasto público. En contraste, Rajoy había desvinculado las pensiones del IPC, una política que, aunque criticada, ayudó a controlar el gasto durante su administración.
En términos fiscales, la gestión de Rajoy se caracterizó por una reducción significativa del déficit presupuestario, que disminuyó del 11,5% del PIB en 2011 al 2,6% en 2018, y una caída en el porcentaje del gasto público del 49,5% al 41,3% del PIB. Sin embargo, a pesar de una recaudación tributaria récord, el gobierno de Sánchez ha luchado por reducir el déficit, que se estimaba cerraría en 3,5% del PIB en 2023 y se prevé que se mantenga en niveles similares hasta 2041.
El impacto de la inflación en los salarios es otra área de preocupación
Aunque el salario medio en España ha aumentado un 22,2% en términos nominales desde 2018 hasta 2023, ascendiendo a una media de 6.013 euros, el informe señala que este incremento nominal se ve significativamente disminuido en términos reales. La inflación ha absorbido el 89% del aumento del poder adquisitivo, dejando un incremento real de solo el 2%, o 663 euros. Además, el incremento en la base imponible debido a los salarios nominales más altos no ha sido ajustado para la inflación, resultando en mayores retenciones de IRPF y contribuciones a la seguridad social por parte de los trabajadores.
Esta falta de ajuste en el IRPF para considerar la inflación acumulada ha generado un aumento en la carga fiscal efectiva para los trabajadores españoles, que ahora enfrentan una pérdida aproximada de un tercio del incremento observado en su sueldo bruto debido a mayores retenciones y cotizaciones. El informe estima que la subida del salario nominal ha traído consigo un aumento de la factura fiscal que asciende a 2.073 euros por trabajador para el periodo entre 2019 y 2024.
Además del análisis económico, el informe critica la falta de medidas proactivas por parte del gobierno actual para mitigar el impacto de la inflación en la economía doméstica. Mientras que el gobierno anterior adoptó políticas para desacoplar ciertas variables económicas de la inflación, la administración actual ha optado por políticas que, aunque populares en términos de protección social, han contribuido a perpetuar y profundizar los desafíos inflacionarios.
Este aumento sostenido en los precios, especialmente en alimentos y servicios esenciales, ha puesto en riesgo la estabilidad económica de muchas familias españolas, que ahora enfrentan mayores costos de vida con un poder adquisitivo que no crece al mismo ritmo.