La pareja de Isabel Díaz Ayuso demanda a María Jesús Montero

La demanda, interpuesta ante el Tribunal Supremo, surge tras unas declaraciones de Montero en las que insinuaba que Ayuso podría estar residiendo en un apartamento adquirido con fondos fraudulentos.

Contexto y origen de la demanda

Según reportes de El Confidencial, que han sido confirmados por fuentes jurídicas y publicadas por El Debate, González Amador ha decidido llevar el caso al Tribunal Supremo luego de que Montero no se presentara al acto de conciliación convocado el 2 de octubre en el Juzgado de Primera Instancia número 49 de Madrid. Este acto de conciliación tenía como fin intentar un acuerdo que evitara la demanda formal, pero la ausencia de Montero impidió cualquier avance en esa instancia.

González Amador decidió entonces escalar la demanda al Supremo, debido al fuero que protege a la ministra como miembro del Gobierno. La demanda en cuestión se centra en declaraciones de Montero en varias fechas, incluyendo el 12 de marzo y los días 3, 23 y 24 de octubre de este año, en las que mencionaba supuestos delitos fiscales relacionados con González Amador, según publica El Debate.

Las declaraciones en cuestión

El principal motivo de la demanda son las declaraciones que María Jesús Montero realizó en una sesión de control en el Senado el 12 de marzo, donde sugirió que Díaz Ayuso podría estar viviendo en un inmueble “pagado con fraude”. La ministra hacía referencia a reportes de prensa sobre una denuncia de la Fiscalía de Madrid contra González Amador, por presunto fraude fiscal que superaría los 350.000 euros. Estas declaraciones también implicaban que el apartamento de un millón de euros donde reside Ayuso fue adquirido mientras Hacienda investigaba a su pareja.

Dichas afirmaciones generaron una fuerte respuesta por parte de González Amador, quien, además de la demanda por intromisión al honor, ha anunciado acciones legales adicionales por revelación de secretos. Estas demandas señalan que ciertos datos fiscales de González Amador se habrían hecho públicos de forma indebida, lo que vulnera su derecho a la privacidad.

Apoyo de Isabel Díaz Ayuso a su pareja

La presidenta madrileña ha salido públicamente en defensa de González Amador, criticando las declaraciones de Montero y la postura del Gobierno. En recientes intervenciones, Ayuso ha arremetido contra el Ejecutivo, afirmando que la supuesta “montaña de corrupción” de este es tan grande que «un hilo dental no lo va a tapar». Esta declaración refuerza su postura de apoyo hacia González Amador, sugiriendo que considera que las acusaciones en su contra forman parte de un intento de desprestigio por parte de sus opositores.

El conflicto en el Tribunal Supremo

Al tratarse de una demanda dirigida a una ministra en funciones, el caso ha sido elevado al Tribunal Supremo, la instancia que puede juzgar a miembros del Gobierno debido a su condición de aforados. La demanda plantea un desafío legal para Montero, a quien la defensa de González Amador acusa de vulnerar la presunción de inocencia y de utilizar información fiscal para atacar indirectamente a Ayuso.

La defensa de González Amador considera que las afirmaciones de Montero en el Senado, en las que mencionó el supuesto fraude, y la difusión de datos sobre la investigación de Hacienda cruzaron una línea en términos de intromisión en la vida privada y el honor del demandante. Además, la defensa mantiene que el hecho de que se mencionaran supuestas investigaciones fiscales en un foro público sin una resolución judicial podría interpretarse como una maniobra para influir en la opinión pública y deteriorar la imagen del entorno de Díaz Ayuso.

Antecedentes de la polémica: investigaciones fiscales y pactos

La situación se ha visto agravada por los antecedentes del caso, en los que González Amador habría alcanzado un pacto con Hacienda, admitiendo la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el Impuesto sobre Sociedades. Este pacto, dado a conocer a través de una nota de la Fiscalía, se interpreta por el entorno de González Amador como una filtración que no debería haberse difundido, y que habría sido utilizada políticamente para dañar su imagen.

El caso continúa en proceso, y se espera que el Tribunal Supremo determine la procedencia de la demanda de González Amador contra la vicepresidenta y ministra de Hacienda. En el ámbito político, las repercusiones de este conflicto entre una figura cercana a Díaz Ayuso y una ministra del Gobierno central han intensificado aún más la polarización entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la Comunidad de Madrid, encabezada por el Partido Popular (PP).