ministerio de transportes

Óscar Puente gastó más de un millón en asesores elegidos a dedo… mientras el AVE colapsaba

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a su salida de una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. / A. Pérez Meca

El ministro de Transportes colocó a 14 asesores especiales con nivel 30, el máximo permitido, y dependencia directa de su gabinete

El ministro de Transportes, Óscar Puente, gastó solo en 2024 más de un millón de euros en asesores especiales elegidos sin concurso público, todos ellos con la categoría más alta del escalafón administrativo (nivel 30) y designación directa. Así lo revela documentación oficial a la que ha accedido El Debate, y que ofrece por primera vez una radiografía detallada del entorno más cercano del titular de uno de los ministerios con mayor presupuesto del Estado.

En un año marcado por reiterados fallos en el sistema ferroviario español —desde el reciente colapso del AVE a los más de 1.000 incidentes en la red de Cercanías solo en Madrid— el Ministerio de Transportes no ha escatimado en gasto de personal de confianza. Concretamente, destinó 858.379 euros a las nóminas de estos asesores, cifra a la que hay que sumar las cotizaciones a la Seguridad Social, superando así ampliamente el millón de euros anual solo en asesores de nivel 30.

Una "guardia pretoriana" con coste público

Todos estos asesores especiales están adscritos directamente al ministro y su selección ha sido completamente discrecional, tal y como reconoce el propio departamento en la documentación proporcionada tras una solicitud oficial. El número de asesores nombrados por Puente en 2024 fue de 14, aunque 11 de ellos seguían en activo a 1 de enero de 2025.

La mayoría se incorporaron en etapas anteriores y fueron ratificados o mantenidos por el actual ministro, mientras que algunos proceden de su círculo más próximo en Valladolid o de su entorno de partido. Las designaciones no siempre coinciden con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) publicada por el Gobierno, lo que sugiere opacidad administrativa y lagunas en el control de personal eventual.

Un ministerio con presupuesto récord… y caos ferroviario

El Ministerio de Transportes gestionó 21.273 millones de euros en 2023, y en 2025 —ya sin la cartera de Vivienda— maneja más de 11.600 millones comprometidos, según Hacienda. No obstante, el caos en el AVE y la falta de soluciones estructurales en la red de Cercanías cuestionan la eficacia de una estructura de personal que, entre altos cargos y asesores, consume más de 3,7 millones anuales.

En total, 27 altos cargos y asesores figuran en el organigrama, entre ellos directores generales, secretarios de Estado y una densa red de vocales asesores y eventuales de libre designación, con presencia destacada en organismos clave como Adif, Renfe o la Agencia de Seguridad Ferroviaria.

El legado de Ábalos y el recuerdo de Koldo

El listado de asesores remitido por el Ministerio no oculta referencias a etapas anteriores, especialmente al periodo de José Luis Ábalos, ministro entre 2018 y 2021, y cuyo nombre aparece vinculado a la trama de corrupción Koldo, aún bajo investigación judicial. Koldo García Izaguirre, su asistente más próximo, fue uno de los asesores que cobraron más de 200.000 euros de dinero público sin función clara conocida.

De aquella etapa, aún permanecen dos asesores en la actual estructura: Juan Carlos Escudier, responsable de prensa, y Patricia del Coso, asesora de comunicación cesada y reincorporada en 2023. Por su parte, Óscar Puente ha incorporado a Pedro Rostoll como jefe de comunicación y a Belén Martín como asesora científica, en línea con el nuevo perfil técnico que el Gobierno quiere imprimir a los gabinetes ministeriales.

Falta de transparencia y críticas del sector

Pese a que la contratación de personal eventual está amparada por ley, los criterios de transparencia y buen gobierno —recogidos por el Consejo de Transparencia y la Agencia Española de Protección de Datos— exigen que se publiquen las retribuciones y perfiles de los asesores. No obstante, el ministerio ha señalado que la elaboración de estos datos «requiere de una reelaboración», lo que ha sido interpretado como una evasiva administrativa ante una cuestión de interés público.

La falta de resultados visibles en la red ferroviaria, el gasto creciente en personal de confianza, y el precedente de la trama Koldo han avivado las críticas tanto de la oposición parlamentaria como de sindicatos y asociaciones de usuarios.